Alerta No. 098-2019
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Por tercer año consecutivo, las fuerzas policiales reprimieron la movilización del movimiento social y popular hondureño, este 15 de septiembre, en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.
En San Pedro Sula, donde igual se realizan desfiles oficiales y manifestaciones populares, un contingente de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), agredió a los y las manifestantes con la intención de impedir la llegada al Parque Central.
“La movilización iba con normalidad pero en la tercera calle del centro había un retén de la Policía Militar y no permitieron que la movilización siguiera; en esta dictadura no hay diálogo sino represión para el pueblo”, dijo una manifestante, entrevistada por Radio Progreso.
Mientras que, en Choluteca una movilización de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, fue reprimida por fuerzas militares y la Policía Nacional, cuando su punto de llegada era el parque de Las Banderas.
Una de las personas heridas fue la profesora Mabel López, quien aseguró que fue lastimada por llevar el rótulo con la consigna de “Fuera JOH” en la entrada del estrado principal donde le tiraron una bomba, según denunció al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Por su parte, en Tegucigalpa la represión policial y de la unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), tuvo lugar en las cercanías del boulevard Morazán, donde con gas lacrimógeno y tanquetas lanza agua atacaron la movilización popular e hirieron al periodista Cristian Reyes, del canal Q’hubo Tv.
Igualmente, mientras discursaba el ex presidente y coordinador del opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya, elementos de la policía lanzaron gas lacrimógeno en el parque central capitalino.
A través de medios de comunicación, se difundió un Reglamento para “desfiles cívicos”, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 16 de agosto pasado, elaborado por la Secretaría de Educación, bajo Acuerdo Ministerial No. 0754-SE-2019.
Dicho reglamento de 33 artículos, contiene una serie de prohibiciones y sanciones para quienes “profieran insultos contra la imagen y honor de las autoridades de los tres poderes del Estado, autoridades departamentales y municipales”.
Un informe presentado el pasado mes de julio por Amnistía Internacional, denuncia que “En un intento desesperado de acallar las voces que exigen su renuncia, el presidente Hernández ha usado a las fuerzas armadas para el control de las protestas”.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas expresó en la presentación de dicho informe que gritar “Fuera JOH y exigir un cambio puede pagarse muy caro”.
