Tegucigalpa, 11 de febrero, 2020.- El ejercicio de la libertad de expresión y prensa en Honduras, enfrenta un panorama violento y poca respuesta por parte de los organismos de justicia, de acuerdo con el Informe “Del Silencio Informativo al Éxodo”, que presenta el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), este martes.

Bajo este contexto y en el marco del aniversario número 50 de la Carrera de Periodismo, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), C-Libre resalta en el presente informe, la violencia contra los y las trabajadores de la comunicación e información, y el endurecimiento de la normativa jurídica nacional en el acceso y controlar-censurar de la información.

Entre 2016 y 2017, la criminalización a la protesta social persiguió especialmente al estudiantado de educación media y superior. Leyes restrictivas a la libertad de prensa, como la serie de reformas al Código Penal, en materia de terrorismo (335-B), donde las y los periodistas enfrentarían prisión hasta por ocho años por incitar o promover apología del odio.

C-Libre valora una profundización de leyes represivas promovidas desde el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Poder Legislativo; marcando un grave retroceso por parte del Estado para promover y el derecho a la libre expresión en una sociedad democrática. 

La represión a las protestas ciudadanas contra la decisión que imponía a Juan Orlando Hernández como ganador del proceso electoral de noviembre de 2017, es otro de los escenarios monitoreados por C-Libre, donde hubo sabotaje a equipos de transmisión de emisoras radiales y televisivas; de igual forma agresiones a periodistas en cobertura. 

Por su parte, el ILE 2018-2019, expone desde un enfoque específico en materia de seguridad para periodistas lo siguiente:

  1. Asesinatos: C-Libre registró 237 alertas por agresiones a la libertad de expresión incluido el asesinato de ocho trabajadores de la comunicación e información en 2019, el reflejo de la extrema violencia en contra del gremio periodístico. En los últimos 10 años se contabilizan 79 crímenes contra trabajadores y trabajadoras de la comunicación.
  2. Desplazamiento forzado: Se identifica una nueva tipología de agresión en la categoría de “Desplazamiento Forzado”, con 20 casos confirmados de trabajadores de la información y comunicación que “huyen” para garantizar su integridad física y emocional.
  3. Censura: Cierre de espacios informativos producto del abordaje crítico contra el actual gobierno por parte de los y las periodistas que lo conducen. Además, son los periodistas son las mayores víctimas de bloqueo de redes sociales por parte de funcionarios públicos, quienes utilizan estos espacios como fuente de información para dar a conocer sus trabajos dentro del erario público.
  4. Bloqueos informativos: Este tipo de agresión que obstruye la labor periodista producto del bloqueo o impedimentos informativos, siendo los agresores más recurrentes los representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
  5. Negación de la información: Esto constituye un eje importante en la obstrucción al acceso a la información pública; pues esta debilita la transparencia y por ende la opinión pública. En Honduras se restringió información a periodistas aun y cuando esta, no estaba relacionada a temas de seguridad nacional.

El informe valora un escenario de retroceso en materia de libertad de expresión, información y prensa, con mayor incidencia en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés. 

Ante este panorama de creciente violencia contra el ecosistema periodístico, C-Libre exhorta a reflexionar sobre el rol desempeñado por el “Mecanismo de Nacional de Protección para personas Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.  El Estado hondureño no está cumpliendo con la obligación de prevenir la violencia contra las y los periodistas. 

Impunidad y represión  

En su último informe, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), cuestiona que la violencia contra periodistas y la impunidad de los crímenes “continúa afectando seriamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Honduras”. 

C-Libre, en un plantón el 24 de mayo de 2019, hizo un llamado enérgico a las autoridades judiciales y de investigación para presentar avances concretos en las investigaciones sobre asesinatos contra Periodistas y Comunicadores Sociales. 

Asimismo, exige el cumplimiento del mandato de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) y del Mecanismo Nacional de Protección a dichos sectores, de investigar los casos y la protección debida y diferenciada hacia trabajadores y trabajadoras de la comunicación. 

Desde el año 2003, C-Libre ofrece al público el informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión e información en el país, que incluye la emisión de 1,816 alertas por agresiones a la libertad de expresión, que, cumpliendo sus principios de la defensa y promoción de este derecho fundamental, siendo uno de sus principios rectores la protección de los y las periodistas.