Alerta No. 016-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El director del programa “El Perro Amarillo”, Milton Benítez, solicitó protección, tanto al pueblo hondureño como a la comunidad internacional, luego de recibir información por parte del ex director de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid y demás información sobre temas de interés público.
“Hoy nos entregaron públicamente evidencia del Narco-Estado y Narco-política detrás del crimen de Alfredo Landaverde, Arístides Gonzáles, etc…”. Es parte del texto que publicó Benítez, en sus redes sociales.
“El Perro Amarillo”, programa que se transmite a través de redes sociales y su canal en YouTube, debido a censura en canales nacionales, entrevistó a Ramírez del Cid, y éste le entregó una especie de disco duro con información.
Ante la entrega del disco duro, por parte del ex oficial, el Centro de Prevención y Rehabilitación de Víctimas de Tortura (CPTRT), expresó su preocupación por “las graves amenazas” hacia el periodista y defensor de los derechos humanos.
En su comunicado, la organización defensora de los derechos humanos, hizo un llamado a las organizaciones sociales demandar de forma activa y enérgica, la protección hacia Benítez.
El comunicador, actualmente enfrenta un proceso penal, producto de una querella interpuesta por el presidente del Banco Atlántida, por medio de su apoderado legal, a la espera de la fecha de apertura a Juicio Oral y Público.
C-Libre informó en sus alertas 107-2019 y 006-2020, la situación legal que enfrenta Milton Benítez, luego que informara en su programa un hecho que involucra a la sociedad Atlantic International Bank Limited en Belice, “deberá pagar cerca de 20 millones de dólares, supuestamente por participar en “la estafa hipotecaria ´Sancutuary Belize´ que recaudó más de 100 millones vendiendo propiedades que nunca entregaron a sus dueños”.
En el informe “Violencia contra Periodistas y Trabajadores de medios”, elaborado por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), establece la obligación de los Estados para proteger a periodistas “cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección”.
Añade el informe que: “El Estado debe prestar especial atención a la situación de aquellos periodistas que por el tipo de actividades que desarrollan están expuestos a riesgos de una intensidad extraordinaria”.
