Alerta No. 015-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Para el diputado por el Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, los delitos contra el honor no deben ser despenalizados. Así lo aseguró este jueves, curiosamente, en rueda de prensa con periodistas que cubren la fuente legislativa.
“El caso mío, de ‘Toño’ Rivera, no estoy de acuerdo en que se despenalice la injuria y la calumnia”, expresó el parlamentario oficialista sobre la propuesta de diferentes organizaciones defensoras de la libre expresión y gremiales, para derogar los artículos del 224 al 231 del nuevo Código Penal, publicado en mayo de 2019 y actualmente en periodo de Vacatio Legis (Vacación de la Ley).
La noche del miércoles 19 de febrero, en sesión del Poder Legislativo, se derogó el artículo 28 del nuevo Código, el cual refería sobre la responsabilidad penal “a quienes redacten, produzcan un texto y quienes hayan inducido a realizarlo, también recae responsabilidad a directores de la publicación o programa que se difunda, directores de la empresa editora, emisora o difusora y directores de la empresa de grabación, reproducción e impresión”.
Rivera, en la entrevista que reprodujo el diario digital Confidencial HN calificó a los y las periodistas “altamente responsables, pero algunos de ustedes no lo son”, como su justificación para sentar su postura de mantener la penalización de los delitos contra el honor. Añadió que “algunos hacen calumnia, hacen injuria, le dicen de todo a un ciudadano particular y ¿cómo se defiende uno?”.
Las palabras del congresista por el departamento de Francisco Morazán, coinciden con la opinión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresando que la injuria, calumnia y difamación, deben mantener las penas “conforme a la redacción del actual Código Penal vigente (Decreto 144-83), en su artículo 251”.
C-Libre, en su pronunciamiento público de este jueves, demandó al Congreso Nacional la derogación de “todos los artículos” que violentan la libertad de expresión, opinión, prensa y participación. Ya que no están acorde con declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos.
Por su parte, la Declaración Conjunta de las Relatorías sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), emitida el 09 de diciembre de 2002, estipula que “La difamación penal no es una restricción justificable de la libertad de expresión; debe derogarse la legislación penal sobre difamación y sustituirse, conforme sea necesario, por leyes civiles de difamación apropiadas”.