Alerta No. 020-2020

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El Ministerio Público (MP), emprendió un requerimiento contra el periodista Jairo López, situación que denunció ante el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), Edison Lanza, durante su visita a Tegucigalpa, este 27 de febrero.

López denunció ante el Relator Lanza y organizaciones que defienden la libertad de expresión en el país, que el Ministerio Público presentó dicho requerimiento en la ciudad de Choluteca, donde él reside, por los delitos de “Tenencia de Explosivos Comerciales, Tenencia de Artefactos de Construcción Casera, Tenencia Ilegal de Sustancias Controladas (Pólvora con Clorato) y además Atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado”.

Al revisar la página institucional del Ministerio Público, C-Libre confirmó la acción penal contra el periodista, mismo que fue presentado el 26 de febrero por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (OPE).

“Me están acusando de terrorista ¡y no soy terrorista! soy periodista…” dirigiéndose a al Relator del CIDH, agregó que,  “hace un año le platiqué a usted mi situación y le expresé que tenía miedo a que me mataran o me metieran preso”.

El periodista de la zona sur añadió que, al momento del requerimiento solo ha podido producir seis emisiones de su Noticiero “El Informador”, debido al desplazamiento interno (forzado) del que ha sido objeto por la persecución.

“Ya he pasado por varias situaciones, han intentado matarme, dos veces han intentado llevarme preso, me han demandado ¿qué más va a suceder? –se preguntó López- la situación de la libertad de expresión en Honduras en precaria”.

Y frente a la prensa que daba cobertura al evento, aclamó “Hoy graben por si me matan o me llevan preso”.

Contra el periodista Jairo López, la serie de acciones que persisten en su contra, vulneran su   ejercicio profesional desde 2015; mismas que van desde censura en sus medios de comunicación, procesos penales, persecución por parte de fuerzas policiales.

Entre 2018 y 2019, C-Libre registra un aumento en las violaciones al derecho a informar que ejerce el comunicador social, específicamente en el departamento de Choluteca.

En su visita al país, el director para las Américas de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), Emanuel Colombié, aseguró que la decisión del gobierno en aquel momento de negar las medidas de protección al periodista Jairo López carece de fundamento y pidió el otorgamiento de las mismas lo antes posible.

 “Las amenazas que sigue enfrentando el periodista son muy preocupantes; además de obstaculizar su labor periodística, lo desgastan cada día un poco más”, añadió.

De acuerdo a lo que establece el sistema interamericano de derechos humanos, los Estados tienen una obligación  de proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial respecto a sus derechos fundamentales.

En el caso de los y las periodistas “las medidas de protección adoptadas, deberían adecuarse a las circunstancias individuales de la persona en riesgo, incluido su género, la necesidad o el deseo de continuar llevando a cabo las mismas actividades profesionales y sus circunstancias sociales y económicas”, establece la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, del 25 de junio de 2012.

Video tomado de Criterio.hn