Alerta No. 053-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Tras ser señalado por actos de corrupción en el marco de la emergencia por el COVID 19, el director de Inversión y Estrategia Honduras (INVEST-H), Marco Bográn, amenazó este lunes 04 de mayo con procesar penalmente a los directivos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos y Odir Fernández.
“Cuando todo esto termine tendrán que acudir a los tribunales a verse conmigo, para responder por la difamación y el daño que le han causado a mi familia”, dijo Bográn, en declaraciones a Radio América.
El contexto surge luego que el CNA, presentara un informe titulado “La Corrupción en tiempos del COVID 19 Parte II”, el pasado 24 de abril que denuncia la sobrevaloración en la adquisición de dos tipos de mascarillas (KN-95 y las quirúrgicas desechables) a un precio superior a la compra de las mismas por la Secretaría de Salud (SESAL).
Bográn arremetió contra el informe del CNA al calificarlo como “no profesional y objetivo”. Amplió que, conversó con el impuesto titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, sobre la demanda pero no es el momento por que “está enfocado en atender las actividades de la emergencia”.
Puntualmente, el informe señaló que la Sesal adquirió las mascarillas N95 a un precio unitario de sesenta y siete lempiras con un centavo (L 67.01), mientras que INVEST-H autorizó la compra a tres proveedores a con valores diferentes que van desde los ciento siete lempiras (L 107.00), ciento diez y nueve con cincuenta y cuatro (L 119.54) y ciento cuarenta lempiras (L 140.00).
Lo anterior, resaltó el CNA en el informe presentado, “Quedando en evidencia el alto costo al que INVEST-H adquirió este tipo de mascarillas, generando un perjuicio de cuarenta y cinco millones doscientos mil ochenta y ocho lempiras con ochenta y tres centavos (L 45,200,088.83)”.
Durante la crisis sanitaria por el COVID 19, diversas organizaciones de sociedad civil han señalado diversos actos de corrupción, en el manejo de fondos por parte del gobierno hondureño, asignados para superar esta pandemia mundial.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en su inciso siete, menciona que el acceso a la información es un derecho fundamental de los individuos. “Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”.
Mientras que el inciso once afirma que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”; por lo que, la penalización de la expresión dirigida a funcionarios generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
