PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Las 56 organizaciones de sociedad civil que conformamos la Coalición Contra la Impunidad, en el marco de la aprobación de la segunda ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal de Honduras por un periodo de 45 días mediante el Decreto Legislativo N° 2360-2019, nos pronunciamos de la siguiente manera:
PRIMERO: Exigimos al Congreso Nacional de Honduras que se amplíe proporcionalmente el período de vacatio legis del nuevo Código Penal con relación al contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
SEGUNDO: Ampliar el proceso de redacción, discusión, aprobación y reformas, así como la capacitación y difusión de la normativa jurídico penal para las instituciones de investigación y sanción penal, y para la población en general.
TERCERO: Consideramos que la vacatio legis con duración de 45 días en un contexto de suspensión de derechos constitucionales es insuficiente e ineficaz para que el Sistema de Administración de Justicia Penal realice procesos de capacitación y difusión de la nueva normativa jurídico penal a las personas operadoras de justicia y sus equipos técnicos.
CUARTO: El actual contexto de emergencia sanitaria nacional generada por el COVID-19 representa retos y desafíos para asegurar que el alcance de las nuevas figuras penales, principios y garantías procesales se conozcan de la manera completa y efectiva, y se puedan desarrollar capacidades y/o mecanismos indispensables en la buena aplicación de la ley. Caso contrario, no se podría procurar la garantía de los derechos de las personas procesadas y de las víctimas, ya que, entre otras cosas, causará en la administración de justicia mayores retrasos en la implementación de modelos de gestión fiscal y judicial.
QUINTO: Denunciamos que el Congreso Nacional actúa con falta de transparencia reduciendo los espacios de interlocución en el proceso de redacción, discusión, aprobación y reformas, restringiendo el impacto de las recomendaciones y observaciones formuladas desde sociedad civil en aras de armonizar su contenido con las convenciones internacionales y con el resto del ordenamiento jurídico nacional, particularmente el constitucional.
SEXTO: Acuerpamos las diversas manifestaciones de inconformidad y oposición de la sociedad hondureña ante el nuevo código, ya que muchas de sus disposiciones atentan contra la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, profundizando y perpetuaando la problemática de autoritarismo, corrupción, impunidad, narcotráfico, restricción de los derechos de las mujeres, criminalización de la protesta social y limitación de la libertad de expresión.
SEPTIMO: La Coalición contra la Impunidad fundamos nuestra demanda en lo señalado por la Sala de lo Constitucional en su sentencia RI 1165- 2014, 23 de junio de 2017, en el sentido que la participación permanente de la ciudadanía es un elemento necesario y pleno para el efectivo ejercicio de la democracia, y el reforzamiento del Estado de derecho.
Tegucigalpa, M.D.C. 11 de mayo, 2020
