Alerta No. 126-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La Secretaria de Estado en los despachos de Salud, Alba Consuelo Flores, amenazó el día 23 de octubre, iniciar audiencias de descargo hacia el personal médico que participe en protestas.
Flores aseguró a medios de comunicación, que la acción va dirigida “contra aquellos empleados que abandonen sus jornadas de trabajo por andar en protestas sin justificación”.
Las declaraciones de la funcionaria, se desatan cuando los trabajadores y trabajadoras de la salud, públicamente se han quejado del manejo gubernamental de la crisis sanitaria por el COVID-19.
De acuerdo con cifras del Colegio Médico de Honduras, durante la pandemia por COVID-19, han fallecido más de 75 profesionales de la medicina. Mientras que la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Profesionales de Honduras (ANEAH), en declaraciones de su presidente Josué Orellana a la radio HRN, contabilizan 2400 profesionales de esta área que se han contagiado de COVID-19.
C-Libre registra cuatro incidentes que violentan la libertad de expresión hacia el gremio de profesionales de la salud. Entre ellos la detención de Marco Eluid Girón, quien ha sido un crítico de la gestión gubernamental, en materia de salud, en el marco de esta pandemia.
Situación similar ocurrió en San Pedro Sula, con la doctora María Angelica Milla, detenida por unas horas junto a dos personas más, mientras expresaban en la vía pública la consigna de #DóndeEstáElDinero.
Por otra parte, la doctora Ligia Ramos, directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) e integrante de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, denunció en sus redes sociales que frente a su casa se estacionó por espacio de 10 minutos una patrulla con miembros de la Policía y tomaron fotografías a la vivienda.
De acuerdo con la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (RELE-CIDH) y su informe Protesta y Derechos Humanos, publicado en 2019, establece que “El ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización”.
