Alerta No. 133-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Desde este lunes 08 de noviembre, se conoció la creación de una Secretaría de Estado en los despachos de Transparencia, una nueva maniobra del Poder Ejecutivo para debilitar las atribuciones y funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La creación de la referida secretaría de estado, consta en el decreto PCM 11-2020, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 06 de noviembre del presente año, bajo número 35,421.
En el segundo párrafo del artículo uno, textualmente establece que la SDT: “…emitirá lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones del poder público, será de carácter obligatorio”.
Por otra parte, en su articulo dos, añade que dicha secretaría “auxiliará al presidente de la República” en temas relacionaos con transparencia y lucha contra la corrupción.
Mientras que, en su articulo nueve, únicamente reconoce al IAIP para brindar apoyo, desconociendo la propia Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, aprobada mediante Decreto Legislativo 170-2006.
La creación de esta Secretaría, dependiente del Poder Ejecutivo, contrasta con la constitución y finalidad del IAIP, definida en el articulo ocho de su ley, que dice: “responsable de promover y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas… La Presidencia de la República apoyará el funcionamiento de este instituto y actuará como órgano de enlace la secretaría de Estado en el Despacho de la presidencia”.
Cabe señalar que la nombrada para ser Secretaria de Estado en ese despacho es María Andrea Matamoros, quien se desempeñaba como Secretaria de Comunicaciones del régimen que comanda Juan Orlando Hernández.
Además, la funcionaria es hija de David Matamoros Batson, ex Magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (hoy Consejo Nacional Electoral) y actualmente forma parte del pleno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Esta es la segunda acción de la administración de Hernández para desestabilizar el funcionamiento del Instituto de Acceso a ala Información Pública (IAIP); el primero, fue con la creación y aprobación de la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con Defensa y Seguridad, conocida como “Ley de Secretos” (Decreto 418-2013) y vigente desde marzo de 2014.
Durante la semana, la creación de la Secretaría de Transparencia, ha sido rechazada por sectores de la empresa privada, organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), profesionales del derecho.
De acuerdo con la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE-CIDH), en su informe del año 2009, el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información “es una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo”.
En la resolución Pandemia y Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su parte resolutiva expone: “Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público”.
Añade que, los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
