Comunicado
Nosotros, organizaciones representativas de la sociedad civil hondureña, a la opinión publica en general, manifestamos nuestra preocupación que representan las recurrentes denuncias públicas de periodistas y defensores de derechos humanos víctimas de los delitos de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público, privación ilegal de libertad realizada por funcionario o empleado público y la limitación o impedimento de determinados derechos, comunicamos:
- Que el pasado 02 de noviembre, precisamente el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dos periodistas y defensores de derechos humanos, fueron privados ilegalmente de su libertad y objeto de tratos cueles, inhumanos o degradantes por parte de miembros de la Policía Nacional de Honduras.
- Durante más de ocho horas los periodistas Cesario Padilla y Miriam Elvir permanecieron en condición de detenidos en medio de graves violaciones al debido proceso, que iniciaron con el arresto arbitrario y exhibición de los trabajadores de la información por cuatro postas policiales de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela en el Municipio del Distrito Central.
- Que en el caso del periodista que acudió al llamado de auxilio de su colega, este fue detenido y sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin la lectura de sus derechos y sin saber el motivo de su arresto.
- En este caso ambos periodistas, integrantes del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como del Mecanismo de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Honduras. Lastimosamente ninguno de los policías implicados sin importar el rango hizo caso al abordaje requerido de dichas medidas.
- De acuerdo con el acta de conciliación suscrita entre los periodistas y los policías ante un juez de conciliación policial de destacamento policial, por tiempo indefinido, se coarta el derecho ciudadano de los trabajadores de la información de actuar legal, judicial, extrajudicial, ni civilmente contra sus agresores.
Este patrón de conducta abusiva y autoritaria por parte de agentes de seguridad en contra de los y las trabajadores de la información, se ha reforzado durante los últimos ocho meses de confinamiento social, como medida de prevención ante la pandemia por COVID-19.
Pese a que los periodistas gozan de una excepción dentro del PCM 015-2020 que impone la suspensión de garantías constitucionales, entre estas la movilización, las fuerzas policiales, no han respetado dicha normativa, muestra de ello es que según C-Libre, en el periodo de confinamiento social se registra la detención arbitraria en retenes policiales de nueve periodistas.
La impunidad en estas agresiones a los periodistas envía un mensaje extremamente negativo, en medio de un escenario de desconfianza ciudadana a la Secretaria de Seguridad
Sumado a ello, está la perdida de la confianza en su propio sistema judicial, cuyo deber es proteger a los ciudadanos de cualquier agresión a sus derechos y no convertirse en sus agresores impunes.
Bajo el contexto descrito, solicitamos que de acuerdo con el derecho asistido en la Constitución de la República de Honduras y el Código Procesal Penal:
– Realice la investigación pertinente a fin de que se pueda presentar requerimiento fiscal ante el juez competente por los delitos o faltas que la norma penal establece y resuelva conforme a derecho.
– Brindar información oportuna y permitente sobre los avances de la investigación.
– Reiteramos nuestro rechazo la implementación del uso desmedido del poder policial, como una práctica contraria a los estados democráticos.
“Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada. Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa”.
António Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas
Tegucigalpa, Honduras, 19 de noviembre de 2020
Firman el presente comunicado:
- Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)
- Asociación Arcoíris
- Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras
- Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H)
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
- Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
- Ecuménicas por el Derecho a Decidir
- Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH
- Red Contra la Violencia de Choluteca
- Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)
- Red Nacional de Defensoras De Derechos Humanos En Honduras
- Foro De Mujeres Por La Vida
- Coalición Contra la Impunidad
