COMUNICADO
A tan solo 8 meses de haber sido decretada la emergencia sanitaria por covid-19 en el país, en menos de 14 días Honduras, se enfrentó a un nuevo escenario dramático y una gravísima situación de derechos humanos producto del paso de los huracanes ETA e Iota, en ese contexto, las 127 organizaciones que integramos la Coalición contra la Impunidad, la Coalición Anticorrupción, la Convergencia contra el Continuismo, la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, la Mesa de Derechos Humanos, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), a la comunidad nacional e internacional manifestamos:
1- El análisis del impacto de estos fenómenos naturales no puede reducirse a lo fenomenológico ya que sus efectos pudieron mitigarse en términos de pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales con una gestión institucional con mayor sentido de responsabilidad y prevención.
2- En ese sentido, las instituciones públicas a través de diversas acciones y omisiones en el antes, durante y después del paso de los huracanes incumplieron con el deber de alertar y dar opciones de evacuación a la población y con la obligación de prevenir de forma diligente, por lo que existe responsabilidad institucional por las muertes y pérdidas materiales. Del mismo modo, existe responsabilidad por la ineficacia e insuficiencia en la atención de las personas afectadas, alojadas en condiciones indignas en albergues en todo el territorio nacional, expuestas a peligros, como los casos de violencia sexual en contra de niñas y niños, mismas que han sido reconocidas por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
3- La institucionalidad pasiva reflejada en la deplorable gestión de la Pandemia COVID-19 y las emergencias por los huracanes, desencadenaron violaciones a los derechos a la vida y a la propiedad de la población, agudizando las violencias estructurales. Datos oficiales de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) indican los huracanes dejaron casi 4 millones de afectados, sin embargo, hasta la noche del 22 de noviembre las autoridades solo habían habilitado albergues para 89,000 personas[1], reporta 26,828 viviendas afectas, 1,370 dañadas y 353 destruidas, 32 puentes destruidos y 45 dañados, 69 comunidades incomunicadas, 173 carreteras afectadas[2]. Respecto a la situación epidemiológica COVID-19, según información actualizada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) al 30 de noviembre 2020, se reportan 108,253 casos confirmados y 2,918 fallecidos. La tasa de incidencia nacional aumentó a 1,110 casos confirmados por 100,000 habitantes.[3]
4- La Presidencia de la Republica, a través de la COPECO y el SINAGER son responsables en términos de pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales, de acuerdo a la obligación estatal amplia y fundamental de adoptar las políticas y medidas orientadas a atender a la población afectada por los huracanes Eta e Iota, a fin de prevenir las consecuencias negativas de tales fenómenos en las zonas de mayor incidencia. Los responsables directos, tanto a nivel institucional como personal, de la gestión de la emergencia y calamidad provocada por los huracanes Eta e Iota, son los señores Juan Orlando Hernández, y Max González, ministro de COPECO desde el 21 de octubre de 2020.
5- Exigimos que se inicien procesos de investigación a las instituciones estatales, las organizaciones, y las empresas privadas relacionadas con el gobierno ligadas a las crisis por COVID-19. Con respecto a la responsabilidad en los actos de corrupción vinculados a la gestión de la pandemia que profundizó las condiciones de un acelerado agravamiento de la situación del país con el paso de los fenómenos meteorológicos. Esto ha dado lugar a la supresión de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la propiedad, al trabajo, a la protesta, y la falta de acceso a la justicia.
La asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como distribuidoras de alimentos y equipo de bioseguridad, y la autoridad de las fuerzas de seguridad del Estado para detener a las personas que no cumplan las medidas de confinamiento o el uso de mascarillas, lo que lleva a la detención de decenas de miles de personas, no es aceptable de conformidad con las obligaciones del Estado.
6- En ese marco de crisis, no ha existido una estrategia de atención orientada a garantizar de manera oportuna la preparación para una respuesta efectiva, correspondiendo clara negligencia, politización y profundización de la corrupción. Este contexto, no genera confianza a la comunidad cooperante, con el consecuente efecto negativo para el nivel de demanda para el acompañamiento de la formulación del plan de reconstrucción sostenible del país, que inspire la inversión solidaria.
7- Es de suma preocupación que el proceso de reconstrucción sostenible de país se siga desarrollando bajo los mismos principios que se desarrolló el proceso de reconstrucción nacional en el período del Mitch[4] : con instituciones señaladas de malversar fondos públicos, con personas que no gozan de credibilidad de la ciudadanía, acudiendo a la deuda externa como principal fuente de financiamiento y aprovechando para impulsar políticas extractivas, como el caso de la construcción de represas para reducir el caudal de los ríos.
8- Hacemos un llamado a la denuncia y a la movilización social permanente de las fuerzas políticas y sociales de oposición del país, a unir esfuerzos para construir un espacio amplio de articulación que permita avanzar en la democratización de la sociedad desde la mirada de las organizaciones y población que resiste ante la embestida salvaje e inhumana de la administración Hernández.
Tegucigalpa M. D. C. 02 de diciembre de 2020
NOTAS
[1] El olvido, la tormenta eterna en la capital, Contra Corriente, 2020.
[2] Fuente: Boletín informativo No. 51. COPECO, 2020.
[3] OPS/OMS, 2020. Situación epidemiológica, COVID-19, noviembre 16, 2020.
[4] CESPAD. Reconstrucción Nacional y Corrupción en Honduras. Noviembre, 2020.
