Alerta No. 140-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Hombres encapuchados, han realizado acciones de intimidación contra la radioemisora “La Voz de Zacate Grande” y dos de sus periodistas, este 03 de diciembre.
La denuncia fue publicada en la página de redes sociales de la emisora comunitaria, ubicada al sur del país, en la que describe como jóvenes de la comunidad de Puerto Grande, presenciaron a los individuos con su rostro cubierto rodeando las instalaciones de la radio y en la casa de tres de sus periodistas.
Gerardo Aguilar, uno de los periodistas de “La Voz de Zacate Grande”, detalló a C-Libre que existen una línea de vigilancia de la base naval y hace creen que estas acciones provienen de este sector de las Fuerzas Armadas.
Además, este grupo de personas encapuchadas, han realizado acciones similares a la casa de Ethel Corea y el propio Gerardo Aguilar. El comunicador aseguró tener información que el jefe de la base naval en la zona, pide reportes a sus subordinados sobre las actividades de la emisora radial.
“Nos están vigilando ahorita porque hemos incrementado las denuncias por la instalación de las ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Económico) y tenemos mayor audiencia; ante esto, quienes nos vigilan muestran preocupación porque la gente se informa y toma acciones en sus comunidades”, amplió el periodista de “La Voz de Zacate Grande”.
C-Libre registra en su sistema de alertas, una serie de agresiones contra el personal de prensa, así como las instalaciones de la radioemisora comunitaria. Entre ellas, agresiones policiales, hostigamiento, sabotaje a sus transmisiones y procesos penales incoados contra sus periodistas.
El 18 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó la medida cautelar 115/11 a favor de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande. En abril de 2010, sus comunicadores habrían sido objeto de hostigamientos y agresiones por parte de personas privadas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Sobre el tema, la CIDH en su informe anual publicado en el año 2005, establece que el derecho a la libertad de expresión “exige que los Estados no sólo se abstengan de realizar acciones que impiden el ejercicio del derecho, sino además que adopten medidas para garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad y no discriminación”.
