El presente informe tiene como objetivo la sistematización del manejo de la emergencia sanitaria del Covid-19 por parte del Estado de Honduras, y la situación de derechos humanos que se deriva de la misma, tomando en cuenta las condiciones comprometidas previas a la declaración de la emergencia sanitaria en el país. Recoge ampliamente las actuaciones estatales sobre el manejo de la crisis sanitaria y social, para la discusión y abordaje de las posibles medidas impulsadas por la sociedad civil en adelante. 

Antes de la crisis sanitaria, las organizaciones y organismos nacionales e internacionales de distintos sectores y enfoques informaron repetidamente sobre la falta de protección del derecho a la salud, a la alimentación, el derecho al trabajo digno, y la situación precaria de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, de las personas adultas mayores y pueblos indígenas, personas LGBTI y la falta de cumplimiento de los derechos humanos en general. A medida que pasan los meses desde el inicio de la pandemia, sólo se han hecho más visibles las profundas desigualdades en Honduras que limitan el acceso de la mayoría de la población a esos derechos, debido en gran medida a la corrupción.

El informe sistematiza, analiza críticamente, establece hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a:

  • Medidas para el manejo sanitario de la crisis, incluyendo la transparencia y acceso a la información en el manejo de la pandemia
  • Competencias institucionales para el manejo de la pandemia, incluyendo el uso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para su implementación
  • Papel de INVEST-H y hechos denunciados por la ciudadanía
  • Medidas económicas, transparencia y rendición de durante de la emergencia sanitaria
  • Fiscalización y rendición de cuentas de los principales medidas presupuestarias y medidas económicas incluyendo préstamos, contratación estatal y autorización de endeudamiento, principales disposiciones aprobadas sobre compras de emergencia en el marco del manejo de la emergencia sanitaria
  • Fiscalización por el Tribunal Superior de Cuentas, Veeduría ciudadana oficial y alterna
  • Respuesta estatal frente a las denuncias de irregularidades del manejo de la pandemia

 

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