Alerta No. 026-2021
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Un oficio emitido por el Departamento de Redes Integradas, dependencia de la Secretaría de Salud, impide a médicos que laboran en los centros de triaje del Distrito Central dar declaraciones a periodistas, al estipular el nombramiento de una sola persona como vocero oficial.
De acuerdo con lo denunciado en medios de comunicación y por personal médico, el oficio 231-RISS-RSM-2021, emitido el 07 de abril y dirigido a directores y directoras de centros de triaje y estabilización, notifican que el Jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Brook, es el Vocero Oficial de acuerdo con “instrucciones recibidas”.
El oficio establece que Harry Book “es la única persona autorizada para brindar declaraciones a los medios de comunicación y reportar daros estadísticos y de cualquier otra índole de estos centros (de triaje y estabilización)”.
Diferentes medios de comunicación, periodistas de forma individual y directivos de asociaciones de médicos en el país, calificaron la disposición de la SESAL como “una mordaza” hacia quienes atienden de forma directa a sospechosos y pacientes positivos por COVID-19 en los centros de triaje de Tegucigalpa y Comayagüela.
Carlos Umaña, presiente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la zona nor occidental hondureña, califico mediante una publicación en su cuenta de twitter como “vergonzoso hecho”.
Otra publicación hecha por el médico, textualmente dice: “Pedimos a la Comisionada de derechos humanos y a los Comisionados de acceso a la información (Instituto de Acceso a la Información Pública), hagan una investigación profunda del delito en contra de mis colegas de coartarles la libertad de expresión para dar la real situación de la pandemia. Ocultar información es delito”.
C-Libre, registra en su Sistema de Alertas, acciones similares que conllevan a censurar las voces de profesionales de la medicina en el país. En abril de 2020, personal del Hospital “Gabriela Alvarado” de Danlí, en el departamento de El Paraíso, fue obligado a firmar una “carta de confidencialidad”, para no informar sobre actividades en dicho centro asistencial.
Mientras que, en julio de 2020, la jefa de la Región Metropolitana de Salud en la zona norte, Dinorah Nolasco, emitió un prohibió al personal médico dar declaraciones a nombre de la Secretaría de Salud a periodistas, así como entes judiciales y de derechos humanos.
Sobre el tema, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y Opinión, David Kaye, expresó en la presentación del informe sobre pandemias y libertad de expresión, en julio de 2020, que los gobiernos del mundo “deben tomar acciones para proteger y promover la libertad de expresión durante la pandemia de covid-19, de la que muchos Estados se han aprovechado para tomar medidas enérgicas contra el periodismo y silenciar las críticas”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su resolución número 1/20 titulada “Pandemia y derechos Humanos en las Américas”, insta a los Estados a que se abstengan de restringir el trabajo de los y las periodistas, así como de los defensores y las defensoras “quienes cumplen una función central durante la emergencia de salud pública, con el objeto de informar y monitorear las acciones del Estado”.
