Este trabajo informe busca establecer la responsabilidad del Estado hondureño en el asesinato de periodistas, por acción u omisión de los organismos de seguridad e investigación, provocando impunidad y atentando contra la integridad a la vida y derechos a la libertad de expresión e información, lo que deriva en una generación de responsabilidad internacional del Estado.

La información compartida en este abordaje, comprobará la violación sistemática a este articulado internacional, a convenios de los que el Estado es suscriptor, a la Constitución de la República, Códigos y otras leyes primarias y secundarias, fortaleciendo con ello la impunidad.

De un total de 90 comunicadores sociales, asesinados desde el inicio del nuevo milenio, con énfasis en el período posterior al Golpe de Estado, del 29 de junio del 2009 a agosto del año presente.  Apenas seis de estos crímenes han culminado con la detención de hechores materiales no así los intelectuales.  Y esto es intencional por una sola razón, la coparticipación del Estado a través de fuerzas militares policiales paramilitares en contubernio con jóvenes y viejos conformados en maras y pandillas, bandas de sicarios.  En la parte introductoria de este informe, separaremos contextos políticos y escenarios nacionales coyunturales, donde las evidencias en los asesinatos dejan ver la intencionalidad de silenciar a la prensa, violentando en su grado máximo el respeto a la vida, a la libertad de expresión y el derecho a la información.

La información se cruzará con datos y evidencias de la participación del Estado, la policía militar, el crimen organizado involucrado en lavado de activos y narcotráfico y el sicariato de maras y pandillas (asesinos a sueldo) contratados por personas de diferentes sectores ligados a estos ilícitos, incluyendo el estrato gubernamental.  Información amparada en declaraciones de un miembro de la Familia Maradiaga, denominada Cachiros, declaraciones dadas y asumidas en una Corte Neoyorkina en el año 2019.

Hacemos propia, la conclusión de investigación sobre asesinatos de periodistas de la Revista de Ciencias Sociales de la  Universidad de Costa Rica:  “Los casos de asesinatos de periodistas en Honduras se vinculan con el despliegue sistemático de acciones represivas llevadas a cabo por los sectores dominantes que articulan grupos empresariales, militares, burocráticos y clericales, las cuales van más allá de golpear a la profesión periodística, ya que, dichas acciones alcanzan a todos los movimientos y organizaciones populares”.

Hay una relación de los hechos con el pensamiento político crítico de las víctimas, las defensas territoriales frente al modelo económico político y la vulnerabilidad de las víctimas, provocada a veces intencionalmente por la misma red de criminales.    Para ello nos valemos de las propias declaraciones de personajes vinculados al crimen organizado nacional, publicadas en diversos medios de comunicación oficiales y alternativos.  El recorrido no incluirá todos los casos de las víctimas sino las de mayores evidencias. Qué fuentes, temas abordaban en sus espacios estos comunicadores, por ejemplo.

Del total de comunicadores y comunicadoras asesinadas, sólo los siguientes casos han sido resueltos parcialmente: Alfredo Villatoro, Aníbal Barrow y Jorge (Georgino) Orellana, Artemio Deras, de Radio La Voz de los Profetas, Héctor Medina Polanco, de Omega Visión. 

Más del 85% de los crímenes se dan después del Golpe de Estado de junio 2009, como otro golpe a la difusión de hechos reales cruzados por la corrupción, el narco o solo un pensamiento crítico.

Muchas de las víctimas laboraban en medios de comunicación localizados en el corredor del narcotráfico y proyectos expansivos de despojo en los territorios. Región Nor occidental y en la cuna de los representantes del poder ejecutivo; Porfirio Lobo Sosa 2010 -2014; o la parentela de él; Olancho, Colón.  Y de Juan Orlando Hernández; Gracias, Lempira.  

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