Alerta 033-2022
Tegucigalpa Honduras (C-Libre): El Centro de Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), denunció el pasado 21 de mayo, que los líderes indígenas y ambientalistas que defienden sus territorios ancestrales, oponiéndose a la explotación ilegal de los recursos naturales, siguen siendo víctimas de persecución, atentados, ataques y hasta asesinatos.
En tal sentido, mediante un comunicado, dirigido a la comunidad nacional e internacional, CEHPRODEC denunció que el pasado 30 de abril, fue asesinado en San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, Justo Benítez Sánchez, miembro de la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA).
Asimismo, CEHPRODEC denunció, que el pasado 15 de mayo, en Minas de Oro Comayagua, también fue asesinado, el ambientalista, Donaldo Rosales, quien era miembro del Comité Ambiental de los municipios del norte de ese departamento.
La denuncia de CEHPRODEC incluye que el pasado 20 de mayo, en la comunidad de Las Vegas de Tepemechín, municipio de Victoria Yoro, fue amenazado de muerte, el líder de la tribu Tolupán, Reynaldo Barahona, a quien, en horas de la noche, también le intimidaron a su familia, pese a que el dirigente indígena, goza de medidas cautelares otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección.
Además, CEHPRODEC, reportó, un atentado con arma de fuego, contra otro de los líderes de esa tribu, de quien no menciona su nombre, pero que, de acuerdo con el comunicado, el hecho se registró, el pasado veinte de mayo.
Según CEHPRODEC, todos esos crímenes ya han sido denunciados ante las autoridades correspondientes, por lo que les solicita, investigar los hechos y castigar conforme a la ley a los responsables.
Ante tal situación y tomando en cuenta que el Estado de Honduras asumió su compromiso de cumplir con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) insta a las autoridades proteger la vida de los y las lideres indígenas y ambientalistas amenazados y las de sus familias.
Al Ministerio Público le pide investigar y judicializar los casos y parar la explotación ilegal de los recursos naturales en las diferentes regiones del país.
La declaración estipula que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad que sean necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible, así como a la conservación y protección del medio ambiente.
Para tal fin, les otorga la facultad o derecho de fundar organizaciones, sindicatos, cooperativas o cualquier otra organización o asociación de su elección para proteger sus intereses y negociar colectivamente. “Esas organizaciones tendrán un carácter independiente y voluntario, y no podrán ser objeto de ningún tipo de injerencia, coerción o represión», indica esa Declaración, suscrita por Honduras.
