Alerta 058-2022
Marcala, La Paz, Honduras (C- Libre): – El vicepresidente del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Nueva Palestina, Martin Gómez Vásquez, fue amenazado de muerte, el pasado jueves, 28 de julio, en las inmediaciones del Juzgado Seccional de Letras de Marcala, La Paz.
El hecho ocurrió, en horas del mediodía, cuando el líder indígena salía de tribunal, donde se desarrolla el juicio incoado por el Ministerio Público, contra 38 miembros del Consejo, que defienden su territorio ancestral.
“Cuando salí me abordaron los periodistas de Radio Progreso para una entrevista y allí comenzaron a molestar para que no me entrevistaran, son tres, nosotros a ellos los conocemos como, Concepción, Choncito, que es el hijo y Santiago” especificó, el vicepresidente del Consejo Indígena.
Sostuvo, que enfrente de todos los que allí se encontraban, Santiago le gritó, “te vamos a pelar”, y que seguidamente, Choncito dijo: “sí, siempre te la vas a ganar”. De igual manera, el vicepresidente del Consejo Indígena, afirmó, que otra persona que él no conoce, le manifestó, que “te vamos a desaparecer”.
Martin Gómez Vásquez, es uno de los treinta y ocho líderes criminalizados, por la defensa de su territorio.
Nueva Palestina la conforman 38 familias, asentadas en 229 hectáreas de territorio ancestral, del municipio de San José, departamento de La Paz. Y para despojar a los indígenas de una parte de sus tierras, el terrateniente, Juan Gabriel Argueta, se ha confabulado con autoridades y acusa a los jefes y jefas de familia, de los delitos de usurpación agravada, alteración de términos linderos y daños a la propiedad.
El conflicto se genera en el año 2016, cuando el Instituto Nacional Agrario (INA), durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, titulo a favor de Juan Gabriel Argueta, una parte del territorio que es propiedad del Consejo Indígena Lenca, Nueva Palestina.
Además del título ancestral otorgado a esa comunidad en tiempos de la corona española, los indígenas cuentan con un título de propiedad del INA, emitido en 1999. Sin embargo, el Ministerio Público, le da más valor al del terrateniente, Argueta, sin tomar en cuenta que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a poseer y controlar su territorio sin ningún tipo de interferencia.
El artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconoce que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho a gozar libremente de su propiedad, de conformidad con su tradición comunitaria.
Asimismo, la posesión tradicional de los territorios ancestrales tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio emitido por el Estado, y otorga a los pueblos indígenas y tribales el derecho al reconocimiento oficial de su propiedad y su registro.
Los pueblos indígenas y tribales también tienen derecho a administrar y a explotar su territorio de conformidad con sus propias pautas tradicionales.
