El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) presenta este 30 de agosto su Informe Anual sobre Libertad de Expresión (ILE-2021) denominado “De la represión en el espacio público al silenciamiento digital” en el marco de la conmemoración de su 21 aniversario trabajando por los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública.
El ILE, es un informe desarrollado por C-Libre que brinda un panorama situacional los últimos 18 meses, en el que destaca las necesidades de las voces ciudadanas, así como la forma en que estas son transmitidas, interpretadas y visibilizadas especialmente en zonas de conflicto y de difícil acceso, condicionados por el escenario político y las restricciones producto de la pandemia.
Durante 2021, se marcaron tres tendencias de agresiones a la libertad de expresión, la primera ligada a la violencia política y alrededor de la cobertura electoral, la segunda identificada en la represión violenta de la protesta social, especialmente en La Esperanza, Intibucá, donde la ciudadanía se sumó a decenas de protestas por el esclarecimiento del asesinato de la enfermera, Keyla Martínez, a manos de la Policía Local, y el último relacionado con las agresiones cometidas contra mujeres periodistas, comunicadoras y voceras comunitarias, cuyos patrones parecen cambiar las formas de agresión a la libertad de expresión.
Durante este período, a pesar de la disminución de las alertas publicadas frente a años anteriores, se registraron cinco asesinatos de periodistas (1 en 2021 y 4 en 2022), mientras las acciones de violencia, intimidación, amenazas y bloqueos informativos parecen seguir los mismos patrones de años anteriores, existe un nuevo espacio público, donde se trasladan y potencian las mismas.
NUEVOS PATRONES DE SILENCIAMIENTO
Producto de la pandemia, muchos medios de comunicación cambiaron las formas de hacer periodismo, por tal razón los escenarios de violencia se trasladaron “De la represión en el espacio público al silenciamiento digital”. El documento destaca nuevos patrones de silenciamiento y censura en el escenario hondureño, como el incremento de la violencia que inicia en los espacios digitales, como el asesinato de tres mujeres generadoras de contenidos en las redes sociales (tiktokeras), Dunia Lizeth Rodríguez Montufar (16), Scarleth Victoria Cruz Alemán (16) y Claudia Ninoska Pacheco Peraza (35), y el robo de información, seguido de un atentado, contra la periodista, de Campus TV, Ricci Moreno.
Igualmente, al menos dos integrantes del equipo técnico de C-Libre fueron víctimas de amenazas graves contra la vida, resultando en su desplazamiento forzado fuera del país. Esto demuestra que los actores que atacan a las libertades fundamentales y a los periodistas también pueden dirigir sus ataques contra las Organizaciones de Sociedad Civil que cumplen labores de promoción de un entorno habilitante para el ejercicio periodístico en el país.
Por otro lado, la elección de Xiomara Castro en los comicios del 28 de noviembre ha generado ciertas expectativas positivas, especialmente con elementos como la derogación de la “Ley de Secretos”, pero es claro Honduras sigue siendo un país estructuralmente peligroso para las voces críticas, periodistas, defensores y movimientos sociales. Con el presente informe el C-Libre invita al periodismo hondureño, a la institucionalidad nacional y a la comunidad internacional a repensar los retos y desafíos para garantizar este derecho “llave” para construir una democracia en nuestro país.
UN DERECHO LIMITADO
El papel que juegan los periodistas y los comunicadores sociales en la sociedad se encuentra protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de la República, que les ordenan a las autoridades, garantizar de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.
Sin embargo, ese derecho en Honduras, es limitado, no solo por la amenaza que representan los grupos criminales, sino también por el freno que impone la legislación penal, que castiga con cárcel y multa la comisión de los delitos contra el honor, lo que se mantiene en el ámbito penal pese a las recomendaciones internacionales.
En 2021, C-Libre emitió cinco alertas relacionadas con la criminalización de periodistas y defensores de los derechos humanos acusados de los delitos de calumnias, injurias y difamación. Entre estas alertas se mencionan las violaciones en los procesos legales contra el periodista Cesar Omar Silva y la querella y orden de captura de la diputada, María Luisa Borjas.
Los informes de libertad de expresión publicados por C-Libre, detalla que las violaciones a este derecho fundamental, se concentraron en la restricción de la información pública de la Secretaría de Salud; de la mala calidad de los hospitales móviles, del tardío proceso de vacunación contra la Covid-19 y de las elecciones generales.
PERÍODOS MÁS VIOLENTOS
Febrero y noviembre fueron los meses más violentos contra los periodistas. En febrero imperó la criminalización de la protesta pública y en noviembre la estigmatización y las agresiones físicas contra los comunicadores que buscaban informar sobre el proceso electoral. Mayo, julio y octubre destacan por los impedimentos para el acceso a la información pública.
Con 40 alertas registradas, el 41.7% del total, Francisco Morazán se ubica como el departamento más agresivo de la libertad de expresión; le sigue Cortés con 22 alertas (14.6%) y en el tercer puesto se ubica Intibucá con seis, después están, Choluteca, Copán y Yoro. Es importante destacar la rebaja de agresiones que se produjeron en Choluteca, donde de 14 alertas registradas en el 2020, pasó a tener cinco en el 2021.
En los departamentos de Atlántida, Colón y Copán, las violaciones a la libertad de expresión provienen de los proyectos de energía hidroeléctrica y de las empresas de explotación minera. En estas regiones, la lucha por la defensa del territorio garífuna y la recuperación de tierras para la reforma agraria, también provoca violaciones a la libertad de expresión por parte de los empresarios agroindustriales y del turismo.
LOS AGRESORES
En la clasificación por el tipo de agresor, informes anteriores, destacan que, en años anteriores, los agentes de la policía eran los principales violadores de la libertad de expresión de los periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos. Sin embargo, en el 2021, la lista la encabezan, personas desconocidas.
Con 10 agresiones a la libertad de expresión, la Policía Nacional tuvo una menor participación y de igual manera están de agresiones ejecutadas por los líderes y activistas políticos. Luego, se ubican la Policía Militar y los empresarios. En el 2021, los funcionarios del Estado fueron agresores indirectos a través de la censura, intimidación, procesos legales y uso abusivo del poder.
Entre los actores también se encuentran los activistas del Partido Nacional y diputados de ese instituto político, que, por su labor informativa, ejecutaron agresiones físicas contra periodistas. Nueve de las alertas emitidas en el 2021 involucran directamente a funcionarios públicos.
LAS AGRESIONES
De las 96 alertas registradas en el 2021, sesenta y una fueron por agresiones a periodistas, nueve contra defensores de derechos humanos y cinco a otros miembros de la sociedad civil. Y destaca la muerte violenta de dos defensores de derechos humanos, un trabajador de medios y tres creadoras de contenidos en redes sociales.
En este periodo, las agresiones físicas aumentaron en relación con el año anterior, afectando principalmente a periodistas, camarógrafos, defensores de derechos humanos y ambientales. En el 2021, se publicaron tres alertas por la deportación o negación del ingreso de periodistas internacionales que llegaron al país para darle coberturas al proceso electoral de noviembre. Entre los afectados, están, Carlos Montero y Adriana Sivori de Telesur y Marine Pezet.
Asimismo, dos alertas fueron publicadas por sabotajes a dos radios comunitarias, una en el municipio de San Francisco Locomapa en Yoro y la otra en San Marcos Caiquín, Lempira, en ambas destruyeron el equipo y las instalaciones.
REPUNTA DE LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
Entre 2003 y 2021, C-Libre registra 2,054 alertas por agresiones de diversa índole, pero a partir de del 2009, con el golpe de Estado que saca del poder al entonces presidente Constitucional, Manuel Zelaya, es notorio el aumento de las violaciones a la libertad de expresión. En los siete meses del gobierno de facto de Roberto Micheletti, las agresiones contra los periodistas y defensores de derechos humano alcanzaron un repuntare sin precedentes.
La cifra de muertes violentas contra periodistas creció, y esa tendencia se mantuvo en los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández. De los 97 periodistas asesinados en Honduras entre 2001 y 2022, ochenta y ocho, fueron acribillados después del golpe de estado. Y de acuerdo con las bases de datos de C-Libre, 2009, 2013, 2015 y 2016, fueron los años de mayor riesgo para el ejercicio periodístico.
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