Alerta 074-2022
Tegucigalpa, MDC (C-Libre): – La persecución contra el Consejo Indígena Lenca, Los Laureles, de Santa María, departamento de La Paz, quedó evidenciada, este sábado, veinticuatro de septiembre, cuando la Policía Nacional, detuvo ilegalmente, a Valentín Gonzales Aguilar, miembro de esta organización.
Gonzales Aguilar fue detenido en un operativo realizado en la colonia Villa Nueva del Distrito Central, cuando se trasladaba de El Zamorano a Tegucigalpa, a continuar una capacitación dirigida a organizaciones de la sociedad civil, sobre el tema de la libertad de expresión.
Sin embargo, fue liberado horas después, cuando las autoridades comprobaron que todo obedecía a una falla de los entes operadores de justicia.
Valentín Gonzales Aguilar, forma parte un grupo del Consejo Indígena, Los Laureles, que fueron acusados en los tribunales de justicia por delitos de usurpación y aprovechamiento ilegal de productos y subproductos forestales. La querella fue promovida por el Ministerio Público, a petición de la terrateniente, Sandra Elizabeth Morales Villatoro.
En mayo pasado, el Tribunal que conoce la causa absolvió a Valentín Gonzales Aguilar en aplicación del Decreto 04-2022 contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho para que los Hechos no se Repitan, más conocido, como, Decreto de Amnistía Política.
No obstante, las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, dejaron activa la orden de captura, en poder de la Policía Nacional, afectando directamente a este miembro de la comunidad, indígena lenca.
Para el abogado, Roger Ordóñez, miembro del departamento legal, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la detención de Gonzales Aguilar fue producto de un descuido o de la mala intención del fiscal, que no le solicitó al juez la suspensión de la orden de captura.
“El Ministerio Público, así como solicitó la captura de ellos, debe de actuar de forma objetiva, solicitando dejar sin efecto las órdenes de captura al Juzgado, es decir, que el sistema debe de ser más eficiente para que se entrelace con el poder judicial y dejar inactiva la orden de captura”, dijo Ordóñez.
La Constitución de la República reconoce legalmente a los indígenas y la obligación del Estado para dictar medidas de protección de los derechos e intereses de estas comunidades.
Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece que estos pueblos tienen derecho, al disfrute pleno, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.
