Alerta 082-2022
San Lorenzo, Valle (C-Libre). – Varios periodistas de medios de comunicación del municipio de San Lorenzo, en el departamento de Valle, enfrentarán una querella advirtió este lunes el diputado suplente, Néstor Yanes.
En indagaciones del Comité por la Libre Expresión, respecto a la amenaza obedece a la divulgación de un documento con características de un documento estatal, sobre las supuestas contrataciones de personal de carácter permanente en el Hospital de Valle, quienes devengarían salarios entre los 30 y 60 mil lempiras (es decir entre 1,250-2,500$).
La acción ocurre luego de que se haya hecho público, en algunos espacios informativos de la zona Sur, una lista de personas como nuevos empleados por contrato en el Hospital de Valle, trasciende que “ya se está trabajando en una querella contra algunos comunicadores sociales que han afirmado que esa lista era oficial, que era una lista verdadera”, así lo expresó el congresista.
Las declaraciones del parlamentario del Partido Libre fueron públicas en el espacio de Noticias Diario Del Medio Día que se transmite de lunes a viernes a las 12:00 del día por Canal 50 en San Lorenzo, Valle.
La información, considerada por la prensa de la zona obedece a una prueba de interés público, cuando un documento muestra características de veracidad, en este caso es un discurso altamente protegido por la libertad de expresión, como lo son el discurso político y sobre asuntos de interés público.
De ahí que Yanes dijera públicamente que “Ninguno de los empleados ni tan siquiera gana los 30 mil lempiras, esa lista que se divulgó en los medios de comunicación, en redes sociales sobre los sueldos de algunos empleados es total y rotundamente falsa”.
Según este diputado suplente del Partido Libre, “son dos espacios informativos a quienes iría dirigida la querella, “por insistir tanto en la difusión de la lista”.
Al momento, no se tiene con certeza cuáles son los espacios de noticias señalados por los trabajadores supuestamente dañados por la información que se hecho.
Los principios sobre en ciertos estándares que la Corte y la Comisión Interamericanas han venido desarrollando en los últimos años como, instan a la mayor tolerancia a las críticas que deben tener los funcionarios o figuras públicas, quienes se encuentran sometidos a un escrutinio mayor por parte de la sociedad. Un caso reciente, que es destacado en el Marco Normativo sobre libertad de expresión indica que al resolver una acción pública de inconstitucionalidad que cuestionaba la exclusión de la exceptio veritatis en los procesos penales por delitos de injuria y calumnia, hizo expresa referencia a los distintos informes de la CIDH y la Relatoría Especial en los que se llamó reiteradamente a despenalizar y proteger especialmente a los discursos políticos y sobre asuntos de interés público.
Le recomendamos al Estado hondureño el avance de la recomendación 126.10 que en el marco del Examen Periódico Universal realizaron el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte llamando a enmendar la legislación para que la difamación, las injurias y las calumnias dejen de estar reguladas en el derecho penal y se regulen con arreglo a normas de derecho civil establecidas en el marco de las observaciones y recomendaciones de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
