Alerta 039-2023
Puerto Cortes, Cortés (C-LIBRE). – Unos 20 periodistas están bajo amenaza de muerte por criminales que les exigen pago de extorsión en el departamento de Cortés, en la zona norte del país.
Según testimonio de los afectados, que por motivos de seguridad no se revelará sus nombres en esta publicación, afirmaron a C-Libre que este lunes 5 de junio por la tarde, desde un número de celular desconocido se les invitó a unirse a un grupo de WhatsApp, posteriormente se les informó mediante mensaje que debían comenzar a pagar extorsión de lo contrario los asesinarán.
El grupo criminal exigen un monto de 15 mil lempiras a cada periodista, sin especificar cada cuanto deben hacer el pago. Los profesionales del periodismo sostienen que los agresores tienen detalles para ubicar a cada uno de los reporteros.
Por el momento y como medida de seguridad los periodistas se niegan a contestar números desconocidos, sin embargo, reconocen que esta acción les imposibilita realizar su trabajo y se convierte en un acto de censura.
Por su parte, las autoridades de La Dirección Policial Anti-Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMCO) no han dado una respuesta a la solicitud de información para saber qué medidas tomarán al respecto y salvaguardar la integridad de los periodistas, comunicadores de la zona norte de Honduras.
En 2022, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) informó que entre el 2016 y abril de 2022 se atendieron 67 casos de periodistas en riesgo, de los cuales 51 están en riesgo de desplazamiento y, al menos, 16 son víctimas de desplazamiento forzado interno.
Entre los 67 profesionales de la comunicación en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado interno, figuran 20 mujeres y 47 hombres. Se estima que en el 81% de los casos el principal motivo del desplazamiento son las amenazas y en un menor porcentaje la causa es la tentativa de homicidio, la extorsión, lesiones y la violencia familiar.
La censura impuesta por estos grupos criminales hace que decenas de periodistas enfrenten diferentes bloqueos para cumplir sus tareas. Principalmente, el derecho a la libre movilización por las barreras invisibles que instalaron los grupos. Así como la posibilidad de darle una cobertura efectiva especialmente a temas judiciales o emitir información de interés público relacionada con la nota roja o los vínculos que estos grupos tengan.
