Alerta 086-2023
Bajo Aguán, Colón (C-Libre). – “Si Mel Zelaya quiere muertos, pues muertos van a haber”, es la consigna que circuló como dato noticioso la semana pasada en Sonaguera, Colón adjudicada a empleados de la Empresa Agrícola Santa Inés S.A (ASISA/DOLE S.A), quienes exigen el desalojo de unas fincas bananeras, ocupadas por personas defensoras de la tierra y el territorio en el Bajo Aguán.
De tal situación, ponen en alerta a las autoridades de seguridad la Plataforma Agraria del Aguán (PAA) y, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), quienes publicaron en redes sociales dicho asunto. “Esta situación obedece a una estrategia por parte de ASISA/DOLE S.A para generar confrontación y continuar debilitando el tejido social de la zona”, denuncia PAA.
En un amplio comunicado publicado el viernes 10 de noviembre por la Plataforma Agraria del Aguán, detalla que, desde hace más de tres días, les han bloqueado la entrada y salida a más de 100 familias organizadas en la Empresa Asociativa Campesina de producción Isleta (EACI), que ocupan las tierras en conflicto amparados en una resolución del Instituto Nacional Agrario (INA) del año 2010.
A renglón seguido, los defensores de la tierra y voceros comunitarios, señalaron que estos “atropellos” a derechos fundamentales de los que supuestamente han sido privadas las familias de la EACI, vienen por parte del “Sindicato de Trabajadores de la Empresa agrícola Santa Inés S.A, el alcalde del municipio de Sonaguera, Diler Adix Hernández y el regidor municipal José Geovany Funez, ambos militantes del partido de Libertad y Refundación (Libre)”.
Por su parte, el comisionado Rodríguez, jefe de la Policía en ese departamento de Honduras, detalló a un medio de comunicación local, que ante el monitoreo de amenazas en redes sociales de parte de la comunidad de la aldea Isletas, en Sonaguera, Colón, que iban a tratar este día de recuperar por la fuerza las fincas tomadas por las organizaciones campesinas, “la Policía Nacional, ha puesto un dispositivo en la zona y hemos estado desarrollando patrullajes para evitar cualquier tipo de confrontamientos entre grupos”, aseveró.
Durante el recién pasado octubre, miembros representantes de los grupos campesinos del Bajo Aguán, entablaron diálogos y negociaciones con el gobierno hondureño, a través de los titulares del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes y Rafael Alegría, dónde acordaron ejecutar una profunda investigación de las tierras tituladas que presentan inconsistencias, para que estas parcelas sean redistribuidas por ese despacho gubernamental a quienes se identifique que poseen los títulos de propiedad legítimos.
El proceso de trabajo para legitimar estas tierras, se dividió en fases, comprendiendo la compilación y digitalización de la información, la revisión documental, además de la elaboración de un borrador del informe para posteriormente socializarlo y aprobarlo, con un plazo estimado de finalización para el próximo 10 de diciembre.
Para desarrollar en buen término esa labor, se acordó conformar equipos técnicos con representación del INA, Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto de la Propiedad (IP), Ministerio Público (MP), entre otros entes gubernamentales.
No obstante, representantes de las organizaciones campesinas también manifestaron este 10 de noviembre del presente año, que las nuevas agresiones recibidas en su contra por parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa agrícola Santa Inés S.A, se generan luego de que el director del INA, Francisco Funes, el pasado 27 de octubre, posterior a la reunión sostenida en el Instituto Nacional Agrario, dijera en un medio de comunicación, que son los campesinos que tomaron tierras en esa zona del país al margen de la ley,
Lo anterior, -según el comunicado de la PAA y COPA-, “Sin realizar las investigaciones sobre la legitimidad del origen de las escrituras con que las empresas agroindustriales solicitan los desalojos. Además, indicó que desde la Comisión de Acceso a Tierra se decide acompañar los desalojos con fuerzas militares, y que en el caso del desalojo contra la Empresa Asociativa Campesina de Producción Isletas (EACI), se decidió movilizar a unos 785 elementos del Ministerio de Seguridad, para resguardar los intereses de la empresa”.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en cadena nacional el pasado junio de 2023, dijo que en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se creó la comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra, con el objetivo de ejecutar acciones para disminuir la mora agraria, y desalojar tierras para generar seguridad jurídica, esto respecto a el desalojo de diferentes grupos de personas que mantienen tomados terrenos con diversos cultivos que serán ejecutados mediante órdenes emanadas por el Poder Judicial.
Castro, puntualizó que «El Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia, a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial, (Los departamentos de) Atlántida y Colón, representan los principales polos de conflictividad referente a ocupación de tierras por parte de organizaciones campesinas que reclaman derecho a la tierra, grupos irregulares, sectores influenciados por crimen organizado para crear anarquía en el país, y otros no determinados».
La mandataria hondureña, dijo que también ordenó a que se dé prioridad a las acciones que se ejecutarán para desalojar tierras tomadas al sector social de la economía y de la reforma agraria, así como a fincas privadas de palma aceitera, caña de azúcar, bananeras y otras, porque pese a que ha habido denuncias de sectores empresariales por las tomas ilegales de sus tierras productivas, ha habido poca acción de la parte judicial.
Cabe resaltar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el pasado 3 de julio de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso número 13.514, respecto de Honduras por violaciones a los derechos de integrantes de Movimientos Campesinos del Aguán.
Una publicación hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA), detalla que “La Ley de Reforma Agraria de Honduras de 1962 asignó hectáreas de tierras a 84 cooperativas dentro de la región del Bajo Aguán. Sin embargo, en 1992, la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola permitió que empresarios compraran gran parte de estas tierras de manera irregular, utilizando tácticas engañosas y amenazantes”.
Cita el texto de la OEA, que producto de los reclamos por la propiedad de la tierra, se generó un alto nivel de violencia, que ha colocado en una situación de alto riesgo a personas que habitaban la región en ese momento, habiéndose registrado numerosos casos de muertes, amenazas y desalojos, por lo que la CIDH determinó que el Estado de Honduras violó el derecho a la integridad personal de las víctimas, a las garantías y protección judiciales en relación con sus derechos a la propiedad y a la vivienda.
La CIDH también concluyó que “El Estado hondureño es responsable de la violación de los derechos a la vida (artículo 4), integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), libertad de expresión (artículo 13), libertad de asociación (artículo 16) y propiedad privada (artículo 21) en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Consideró que el Estado es responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales (artículo 8.1) y protección judicial (artículo 25) en relación con los artículos 21, 26 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las comunidades campesinas de la región del Aguán”.
Entre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hechas al Estado de Honduras, por los eventos sucedidos, se encuentra el reparar integralmente a las víctimas, investigar de manera seria y diligente los asesinatos y demás violaciones contra las víctimas, y garantizar la pronta resolución de recursos judiciales relacionados con la propiedad de predios, además adoptar medidas de no repetición, como reforzar el Programa de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y evitar desalojos y expulsiones forzadas en la región del Bajo Aguán, entre otras.
Uno de los hechos más recientes de violencia contra los miembros de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), se dio el pasado 14 de octubre, cuando Kevin Nazael Meza Ordoñez (24), perdió la vida, en horas de la noche, en la zona del Bajo Aguán, cuando él y otros campesinos realizaban un acto de protesta y cuando se disponían avanzar hacia el otro extremo en el que se encontraba la policía, se escucharon varios disparos que impactaron contra la humanidad del joven defensor.
A raíz de los sucesos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), publicó un comunicado, condenando el violento deceso de Meza Ordoñez, y expresando su repudio a las agresiones sufridas por las otras personas.
La declaración, aprobada el 17 de diciembre de 2018, en la Sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece en su artículo 21 que los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales y adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos.
