ALERTA 35-2024
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – Se trata del profesional de las comunicaciones Carlos Panameño y su esposa, la doctora Monserrat Arita, quienes denunciaron públicamente haber sido víctimas de un atentado contra su vida, cuando personas desconocidas les cortaron los cables de transmisión de las cámaras de vigilancia de su casa, quebraron el vidrio de su vehículo y, los amenazaron a muerte.
Según relató Panameño en comunicación con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), las cámaras de seguridad de su hogar habían dejado de grabar a falta de energía eléctrica en la zona, por lo que los facinerosos aprovecharon ese momento para acercarse a su casa de habitación y, cortar los cables de estos dispositivos electrónicos, romper uno de los cristales del automotor propiedad de los afectados, y cuando estos se enteraron del suceso y dispusieron salir a investigar, fueron atacados con palabras soeces y amenazas a su vida.
“Cuando yo escucho los gritos de mi esposa fue cuando yo salí, le gritaban salí hija de la gran p, no sé cuántos había afuera, porque como estaba oscuro no se miraba, pero ya me habían quebrado el vidrio del carro y pateado el portón, ya habían dañado las cámaras y nos habían amenazado”, remarcó el entrevistado.
A renglón seguido, el periodista de canal 39 y colaborador en canal 36, y su esposa también trabajadora en el medio de comunicación propiedad del periodista Esdras Amado López, detallaron que esta no es la primera ocasión que reciben ataques y amenazas producto de su labor informativa y por las críticas que hacen de la actual gestión gubernamental, por lo que consideraron que “Esto continúa y va a continuar, no es de ahorita las amenazas y las amenazas fueron que nos querían matar…Los colectivos de libertad y Refundación han optado por agredirnos”.
Para finalizar, el comunicador señaló que, ya interpusieron la denuncia ante las autoridades correspondientes y, adelantó que buscarán resguardo a sus vidas a través del Mecanismo Nacional de Protección (MNP), de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).
Por su parte la doctora Arita, esposa de Panameño, señaló que “A nosotros en cualquier momento nos van a matar y responsabilizamos al gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento y a su esposo Manuel Mel Zelaya si algo nos pasa”.
Desde el área legal del Comité por la Libre Expresión, son del criterio que este tipo de acciones denotan los altos niveles de violencia y confrontación que se viven en el país, dónde los ciudadanos con uso de amenazas y la fuerza, tratan de intimidar a los miembros de la prensa, en busca de evitar que estos critiquen o comuniquen algunas irregularidades.
Cabe resaltar que, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó al Estado de Honduras en 2015, “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, incluyendo el reconocimiento de la labor periodística y la condena pública respecto de los asesinatos y toda violencia física contra periodistas, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los periodistas”.
Desde el Comité por la Libre Expresión, exigimos a las autoridades policiales y demás competentes, a que, en el cumplimiento de su deber, investiguen lo ocurrido, para dar una respuesta a los afectados y, deducir las responsabilidades que corresponden. Desde esta organización, consideramos conveniente recordar al gobierno que preside doña Xiomara Castro Sarmiento que la mirada internacional esta sobre las autoridades de gobierno y con mayor énfasis, luego del informe preliminar que presentó el pasado 27 de octubre 2023 la Relatora Especial para la Libertad de Opinión y Expresión, Irene Khan, al concluir una visita de doce días a Honduras.
En tal informe de la Sra. Khan instituciones de gran renombre internacional en el tema de Derechos Humanos publicaron en sus sitios que a pesar de que Honduras cuenta con un elaborado sistema de fiscalías especiales, entre ellas la de Delitos contra la Vida, de Derechos Humanos y de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la impunidad en esos casos es de más de 90 %, según el informe.
En cinco años la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos no ha enjuiciado un solo caso, lo que refleja “una colosal falta de voluntad política y un desastroso fracaso del sistema legal y judicial”. Al respecto, recomendó al gobierno invertir seriamente en el fortalecimiento de la capacidad e independencia de los fiscales especiales.
Del Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015, Khan expresó que “parece estar insuficientemente financiado”. Lo anterior porque carece del personal con los conocimientos y la experiencia necesarios, así como de una coordinación eficaz, un liderazgo estratégico y un sistema adecuado de rendición de cuentas.
Extensas demoras en la respuesta o falta de respuesta y la ausencia de consideraciones de género, son algunas de las opiniones que al respecto dieron las personas y organizaciones de sociedad civil consultadas. Además, existe una falta de confianza debido a que depende en gran medida de las mismas autoridades que a menudo las investigan y acosan.
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