Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – Tras 47 años de publicar en el Diario La Tribuna, el articulista hondureño, Juan Ramón Martínez (JRM), recibió una notificación de que su columna de opinión fue cancelada porque “metió a La Tribuna en gran problema”, debido a que en uno de sus últimos artículos fue considerado irrespetuoso con la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, una acción que ocurre bajo supuestas presiones estatales.

En declaraciones al Comité por la Libre Expresión, Martínez explicó que el director de La Tribuna, Adán Elvir, le envió una captura de pantalla de la comunicación vía WhatsApp del dueño del medio, el expresidente, Carlos Flores “y me dijo, mirá para que vos tengas conocimiento”. El pantallazo textualmente decía que “JRM le ha hecho mucho daño al prestigio de La Tribuna especialmente en su último artículo donde ofende a X”, de ahí que “Yo entiendo que la X es Xiomara y que en tal razón el artículo del martes pasado es el último que se publicaría”, apuntó. 

De su lado, en declaraciones a la prensa hondureña el Comisionado Presidencial para la Comunicación Estratégica, Geovanny Domínguez sostiene que “el gobierno no ha tenido injerencia en la cancelación de la columna de Juan Ramón Martínez, [es] un hecho que categóricamente señalamos”, expresó.

El controversial artículo de La Tribuna fue publicado el 26 de marzo 2024, con el título: Xiomara, la costumbre del ridículo. Entre algunos aspectos señaló que “Es injusto culpar a Xiomara Castro, por los errores de la Cancillería en la CELAC. Castro no entiende lo que tiene que hacer; y, con la confianza como le han enseñado, firma lo que le piden y solo exige el visto bueno de su marido. Y lee, con el tono que cree mejor, los discursos que le ordenan sus asesores. No hay que reclamarle, por lo que firma, — porque está entrenada para ello– sino que por su tendencia de mujer acostumbrada a hacer el ridículo. Carece de sentido de culpa; y, por su conciencia subordinada, no tiene espíritu crítico para preguntarse si una decisión es útil; o, no para mejorar la imagen de Honduras. Lo que la orienta es que, lo que es bueno para su marido, es bueno para el PLR, para el gobierno; y para Honduras”.

Además de la columna “A Contracorriente”, Martínez era responsable de otras dos secciones de La Tribuna: Análes históricos y Tribuna Cultural, ahora “No es que estoy desvinculado lo que pasa es que me corrieron”, enfatiza en sus declaraciones. También luego del análisis personal que ha realizado de los hechos posteriores al cierre de su columna, expresa Martínez que da la impresión de que el gobierno se hubiese quejado con Carlos Flores (Director-Fundador de La Tribuna).

La acción provocó diversas reacciones en la prensa hondureña, por un lado, una acción solidaria, pero se pone en relieve, la importancia en la discusión de la aplicación de políticas internas escritas y claras de los medios de comunicación hondureños, cuando existan divergencias de opinión con el que las directivas no están de acuerdo, o la clara definición de que es el discurso no protegido, como la misoginia.

El discurso del odio puede definirse como cualquier forma de expresión cuyo propósito principal sea el de insultar o denigrar a los miembros de un grupo social identificado por características tales como su raza, etnia, religión u orientación sexual, o para despertar enemistad u hostilidad contra éste.

De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos dos años se han observado diversos mensajes de odio contra mujeres, incluido mujeres políticas, personas LGTBI+, personas con discapacidad, personas migrantes y desplazadas, personas indígenas, garífunas y afrodescendientes. Esto representa un peligro para cada una de estas personas y también para la sociedad como conjunto. De hecho, muchos de estos grupos han sido y son víctimas de violencia en el país, la cual sigue siendo un golpe duro para la sociedad.

El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios. El silencio puede ser una señal de indiferencia al fanatismo y la intolerancia, incluso en los momentos en que la situación se agrava y las personas vulnerables se convierten en víctimas.

En su editorial del 20 de mayo, La Tribuna cuestiona ¿Libertad de Expresión?, al señalar que “la libertad de expresión no es absoluta” pues esta “suele ser limitada para proteger otros derechos y valores esenciales”. Digamos “las incitaciones al odio, la violencia, la difamación, amenazas, ataques al honor y a la imagen”.

Para este medio de comunicación, “Las columnas de opinión son espacios que el periódico abre a colaboradores, bajo el entendido que respetarán la línea editorial y su política de ética periodística. “No hay tal violación a la libertad de expresión al prescindir de alguna de estas colaboraciones ya que todo medio de comunicación tiene derecho de establecer su línea editorial”.

En Honduras, muy pocos medios de comunicación cuentan con un Código de Ética, un protocolo de entrevistas o bien una política escrita donde se establezcan los límites de las responsabilidades, por lo que algunos dueños de medios de comunicación suelen actuar conforme a los intereses políticos o económicos, lo que impacta en la pérdida de pluralidad de las redacciones.

El escritor, miembro honorario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, columnista del diario La Prensa, que se edita en San Pedro Sula y quien participa en foros y debates en el canal 10, Televisión Educativa Nacional (TEN), considera que en los próximos días las presiones podrían extenderse a otros espacios informativos o políticos, así también consideró que existen otras amenazas como acciones violentas.

“Esto sólo se da en una dictadura y nosotros hemos estado luchando para que aquí en Honduras haya un sistema democrático y ahora temo por mi honra y mi honor, por supuesto yo creo que en este clima de inseguridad que vive el país, el riesgo de un atentado, el riesgo de una agresión, son grandes”, concluyó JRM.

El Comité por la Libre Expresión, recuerda que la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, en igualdad de condiciones económicas y transparencia en la propiedad, son acciones que el Estado debe promover activamente para el desarrollo del sector mediático de manera que evite una indebida concentración y asegure la pluralidad avanzando en la evidencia del compromiso del Gobierno con la sociedad civil mediante canales verdaderos de concertación. Al respecto el Comité por la Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sostiene que “Los Estados parte deben poner en práctica medidas efectivas para proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión frente a los ataques que buscan silenciarlos”.