ALERTA 81-2024
Villanueva, Cortés (C-Libre).- Varios empleados y empleadas de una maquila en la zona norte, fueron desalojados violentamente por parte de la Policía Nacional con la utilización de una tanqueta desde la que se lanzó potentes chorros de agua inhabilitando el espacio de protesta para cientos de trabajadores de la Zip Buena Vista.
Luego de sus declaraciones ante los medios de comunicación se sabe que la protesta fue el medio para expresar el respeto a sus derechos laborales, entre los que se destaca el pago de cesantía, catorceavo mes, bono escolar y semanas de incumplimiento de trabajo. Cabe señalar que una ocasión anterior, habían protestado en demanda de por e adeudo de cuatro meses de salario.
Según testigos, «da la impresión que no se utilizó gas lacrimógeno y el uso de la fuerza física fue mínimo», no obstante un video que circuló en redes sociales muestra el momento en que la tanqueta dispara agua contra una joven, y esto causó indignación entre los internautas de las redes sociales. De hecho, más de una persona lamentó el uso de la tanqueta debido al desperdicio de agua en momento que mucho sectores del norte carecen.
Al cierre de esta alerta, según un monitoreo de medios de comunicación de esa zona del norte del país, varios de los trabajadores y trabajadoras afectados se mantienen en su tercer día de protesta, desarrollándose de forma pacífica, con la participación activa de los afectados que buscan hacer valer sus derechos laborales al momento las autoridades de la maquila Zip Buena Vista no han emitido ningún comunicado oficial respecto a la situación de los trabajadores en protesta.
Por otra parte, según declaraciones públicas de los trabajadores y trabajadoras en la manifestación rechazan la posibilidad de ser reintegrados a la empresa y solicitan en su lugar la liquidación completa de sus derechos laborales. Representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que se hicieron presente en el lugar del desalojo comentaron que se harán las debidas investigaciones del caso y que es muy probable que algunos de los afectados en el desalojo podrían proceder a denunciar ante el Ministerio Público el accionar a la Policía Nacional, considerado como un acto de violencia que vulneró el derecho de los trabajadores a manifestarse de forma pacífica.
.Este incidente ha reavivado el debate sobre el derecho de los trabajadores a exigir el pago de sus salarios de forma justa y oportuna, así como sobre los métodos empleados por las autoridades para contener las protestas. Para el caso, la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) sostiene que el espacio cívico de la protesta en el país «esta reprimido». En ese línea, dice Dennis Gómez, analista político que «el nivel de hostilidad e intolerancia de los funcionarios públicos, quienes atacan a las voces críticas, aumenta en el país los niveles de polarización y esto afecta la democracia en el país.
Para Fausto Cálix, Director de Aduanas, «ASJ, es una institución que se mantuvo en silencio durante el periodo presidencial de Juan Orlando Hernández y ahora cada semana saca un comunicado de prensa atacando el gobierno de libre «el director de ASJ extraña forma parte de las juntas interventoras en el gobierno JOH mantenía» desacreditando la información divulgada por esta organización de la sociedad civil en el país.
El Comité por la Libre Expresión, C-Libre considera que un espacio cívico abierto, libre y seguro es la base de una sociedad dinámica, en la que todas las personas participan de manera activa, tal como lo promueve el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).» La participación inclusiva y significativa en la toma de decisiones significa que todas las personas, especialmente aquellas insuficientemente representadas, cuenten con la garantía de ser escuchadas y se sientan seguras para expresar sus opiniones y demandas sin temor a represalias», sostiene OACNUDH.
Finalmente para C-Libre es propicio que en Honduras se promueva el respeto de derechos como la libertad de expresión y opinión, la reunión pacífica, la asociación, el derecho a defender derechos humanos y la participación en la vida pública con pleno respeto a la igualdad y a la no discriminación».