ALERTA 88-2024
Amapala, Valle (C-Libre).- Ante cualquier atentado a la vida de los integrantes de la Asociación de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) se responsabiliza a la Corporación DINAT de la familia Facusse y al Grupo Terra de la familia Nacer-Facusse. “Esta acusación se basa en las amenazas y persecuciones que hemos enfrentado después de colaborar con el Instituto de la Propiedad”, sostienen defensores y defensoras del territorio en el departamento de Valle.
Esta advertencia fue pública en conferencia de prensa para alertar sobre el peligro, situación riesgosa y posibles consecuencias negativas que podrían darse contra ADEPZA y a la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), organizaciones que desde el 2019, junto a otro grupo de personas de la sociedad civil del Sur de Honduras aglutinadas en las “Mesas de Acompañamiento a la Causa de Zacate Grande” emprenden una iniciativa estratégica para la promoción de los derechos de las comunidades de la península de Zacate Grande.
Los líderes de Zacate Grande, demandan el cese inmediato de las acciones de intimidación por parte de colaboradores de la corporación DINANT y otras entidades que buscan dividir y desestabilizar nuestras comunidades. Al respecto, indican los integrantes de ADEPZA que entre las estrategías para la promoción de la participación ciudadana, se han desarrollado asambleas informativas en las comunidades, sin embargo, en dichas asambleas, se han presentado colaboradores de la corporación DINANT, terratenientes y sus asesores legales con el único objetivo de crear disturbios y división, alterando el orden y vertiendo comentarios que denigran a los miembros de la RADDHH y a los directivos y líderes de Zacate Grande, con el fin de “desarticular y quitar credibilidad a los avances realizados en el proceso de regularización predial”.
A pesar de los significativos avances logrados en la regularización predial y el reconocimiento de derechos territoriales en la Península de Zacate Grande, es imperativo reconocer que persisten riesgos latentes. La vulnerabilidad de estas comunidades ante presiones externas y posibles conflictos requiere una atención continua para salvaguardar los logros alcanzados y asegurar un futuro sostenible, apuntan en un comunicado que fue público en la conferencia de prensa.
La narración de los comunitarios oriundos de Zacate Grande, detalla que un resultado de incansables procesos de incidencia y acompañamiento por parte de instituciones gubernamentales cruciales como la Secretaría de la Presidencia, el Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario, a principios del 2023 se presentaron al Instituto de la Propiedad 10 sólidas solicitudes de regulación predial por necesidad pública, en beneficio directo de los pobladores de la Península de Zacate Grande.
Entre las comunidades afortunadas se encuentran Puerto Grande, Ojochal, Pintadillera, Novillo, Playa Blanca, La Flor, El Jocote, Coyolito, Los Huatales y El Zope. Estas peticiones, una vez presentadas, fueron debidamente admitidas y resueltas por el honorable Secretario General de la Dirección General de Regularización Predial. Adicionalmente, se emitió un enérgico oficio dirigido a la Dirección General de Catastro Nacional, solicitando la pronta emisión del Perfil Comunitario y la Constancia de Situación Catastral para cada uno de estos asentamientos humanos. Este hito marca un paso trascendental hacia la regularización y garantía de los derechos territoriales de estas comunidades, subrayando el impacto positivo de la labor conjunta entre instituciones y comunidades para lograr un cambio significativo en la realidad de Zacate Grande.
No obstante, a pesar de los significativos avances logrados en la regularización predial y el reconocimiento de derechos territoriales en la Península de Zacate Grande, es imperativo reconocer que persisten riesgos latentes. La vulnerabilidad de estas comunidades ante presiones externas y posibles conflictos requiere una atención continua para salvaguardar los logros alcanzados y asegurar un futuro sostenible, acotan en el comunicado de prensa.
ANTECEDENTES
En la Península de Zacate Grande, un conflicto de más de 4 décadas ha arraigado profundamente, generado por la nefasta prohibición de acceso a la tierra y la firme defensa del territorio por parte de las 12 comunidades que la conforman. Este lamentable escenario ha dado lugar a una sucesión de flagrantes violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la tierra, territorio, vivienda, seguridad alimentaria, libre circulación, acceso a playa públicas y a la posibilidad de diseñar un proyecto de vida digno. Cabe destacar que los más perjudicados en esta trágica ecuación han sido aquellos más vulnerables, víctimas de la indiferencia y el abandono estatal.
En el año 2019, la Asociación de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) se unió en colaboración con la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), el Centro de Estudios por la Democracia (CESPAD), y un grupo de organizaciones de sociedad civil aglutinadas en las “Mesas de Acompañamiento a la Causa de Zacate Grande” para emprender una iniciativa estratégica para la promoción de los derechos de las comunidades de la península. Este encuentro marcó el inicio de una labor intensiva de investigación y documentación de la problemática, orientada a diseñar y elaborar una estrategia de litigio. El objetivo primordial es abordar de manera integral la raíz del problema, centrándose en garantizar a las y los comunitarios el acceso a la tierra a través de la obtención de sus títulos definitivos de propiedad.
Desde la oficina del Comité por la Libre Expresión consideramos necesario que las autoridades de gobierno y otras entidades de la sociedad hondureña den una mirada y retomen las siguientes anotaciones respecto al derecho de la libre determinación de los pueblos para garantizar la dignidad y el desarrollo de los pueblos en el marco de un orden internacional justo y equitativo.
- Autodeterminación: Este derecho permite a los pueblos determinar su propio estatus político y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.
- No interferencia externa: Implica que otros estados u entidades no deben intervenir en los asuntos internos de un pueblo que ejerce su derecho a la libre determinación.
- Participación y consulta: Incluye el derecho a participar en decisiones que afecten al pueblo y a ser consultado de manera libre e informada.
- Derechos colectivos: Reconoce que los pueblos tienen derechos colectivos que deben ser protegidos, como la preservación de su identidad cultural y lingüística.
- Respeto a la diversidad: Promueve el respeto a la diversidad cultural, étnica y religiosa dentro de un marco de convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos.
