ALERTA 55-2025
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre) .- En menos de quince días, al menos dos ocasiones el equipo de prensa vinculados a medios de comunicación estatales han sido víctimas de obstrucción informativa por parte de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), al ser impedidos de realizar entrevistas mientras otros colegas periodistas —provenientes de medios privados— sí accedían a los funcionarios.
Así lo declararon al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) el periodista Brayan Hernández de UNETV y Jared Mejía de CANAL 8. En la narrativa de los acontecimientos se detalló que los casos se han producido en eventos oficiales y abiertos a medios de comunicación y en ambas ocasiones, los periodistas gubernamentales fueron excluidos sin mayor explicación, generándoles preocupación “por una posible línea de discriminación mediática dentro del propio aparato estatal”
«Resulta que como medio de comunicación UNETV, nosotros fuimos a cubrir una conferencia de prensa de la abogada Cossette López, simple y sencillamente nos dijeron de que nosotros no teníamos convocatoria”, comentó Brayan. “yo les hago preguntas que ellos no quieren escuchar, dicen que nosotros tenemos una línea amarillista, una línea comunista, esto o lo otro”, acotó Mejía.
Es de hacer notar que estos eventos de obstrucción informativa se producen en un momento particularmente sensible respecto al cumpliento del calendario electoral marcado por tensiones, alta desinformación y un entorno frágil para el ejercicio del periodismo. De hecho reporta, Brayan que ayer “en otra cobertura que yo estaba haciendo, me intentaron agredir, me dijeron que me fuera ahí, que era del narco familión y fui víctima de una serie improperios por quienes se manifestaban frente a las instalaciones del CNE”, comentó.
Como C-libre, somos una institución con 24 años de presencia en el país y contamos con la debida experiencia para considerar que la libertad de expresión en el país se encuentra en riesgos y coincidimos con expertos en libertad de expresión al advertir que la obstrucción informativa dirigida a ciertos medios, especialmente en contextos electorales, es una forma de censura indirecta que debilita la democracia.
“La negación de acceso a la información pública, especialmente durante procesos electorales, constituye una violación al derecho a informar y al derecho de la ciudadanía a estar informada”, expresó en su momento Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
De acuerdo con los Principios sobre Libertad de Expresión de la misma relatoría, toda autoridad pública tiene la obligación de ofrecer acceso equitativo a la información de interés público y abstenerse de ejercer presiones o discriminación contra periodistas por su afiliación, línea editorial o medio de procedencia.
consideramos que la censura selectiva es una forma de represión silenciosa, por lo tanto la situación que reportan lo colegas de Canal 8 y de UNETV, dice el abogado Saúl Bueso del área legal de C-Libre que “La situación llama la atención por el hecho de que los periodistas afectados laboran para medios estatales, lo que sugiere una división interna que podría tener motivaciones políticas. El hecho de que otros reporteros hayan podido entrevistar a las autoridades del CNE en el mismo momento agudiza la percepción de selectividad en el trato informativo”, sostiene Bueso, quien también es profesional del periodismo. .
Sobre el asunto, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han señalado en informes recientes que las prácticas de exclusión selectiva, invisibilización o restricción de acceso representan formas veladas pero efectivas de censura que generan un efecto inhibidor en la prensa.
Finalmente consideramos necesario unirnos a diversas voces de la sociedad hondureña a exigir al CNE que se pronuncie públicamente sobre lo ocurrido y que garantice el acceso igualitario de todos los medios a las fuentes oficiales, sin distinción por su orientación editorial o pertenencia institucional.
Sin duda alguna, el respeto a la labor informativa es una condición esencial para elecciones libres, y las acciones que la limitan —aunque no sean directamente violentas— erosionan la confianza pública y deterioran la calidad democrática del proceso electoral en curso.
