ALERTA 61-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Trasciende en la plataforma social Tik Tok que el personal médico del país “no pueden pronunciar su voz porque los pueden despedir”. Es lo que dice una fémina al atreverse “hablar en nombre de muchos colegas” quienes estarían siendo censurados al momento de expresar su pensamiento sobre la situación sanitaria en este país centroamericano.
En su mensaje, de unos 120 segundos; la galena comenta algunos temas sensibles en el sistema de salud y enfatiza “me atrevo a hablar en nombre de muchos colegas que no pueden pronunciar su voz porque los pueden despedir”. Al respecto, recuerda a sus seguidores el despido de un reconocido médico del Instituto Nacional Cardiopulmonar “El Tórax” por emitir, en su cuenta de TikTok, una opinión crítica sobre la gestión sanitaria.
Se comenta en el contenido, que la ministra consideró que la publicación “le faltaba el respeto” y procedió a destituirlo, en un claro acto de intolerancia frente a la disidencia, apunta la ciudadana. https://tiempo.hn/despiden-a-jefe-de-emergencia-de-el-torax-por-insultos-a-la-ministra-paredes/
Visiblemente calmada, la protagonista del contenido que trasciende en una de las plataformas de las actuales redes sociales apunta que en recientes declaraciones televisivas de la titular de salud, calificó como “imbéciles” a múltiples médicos por no coincidir con su postura sobre el manejo del reciente brote de COVID-19, negando la necesidad de retornar a clases virtuales.
La galena interioriza que se carecía de «fundamento científico para regresar la gente a sus casas y muchas personas vinculan esto a que como empezaban las marchas del gobierno entonces hay que mantener a la gente asustada en sus casas».
Paralelamente, esta ciudadana cuestiona la asignación de millonarios recursos para viáticos —20 millones de lempiras— en un sistema de salud colapsado, donde la falta de insumos, camillas y medicamentos es alarmante.
Para el abogado Saúl Bueso, responsable del departamento legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), este caso evidencia un patrón de abuso de poder que amenaza la libertad de expresión de los profesionales de la salud, elemento fundamental para el debate democrático y la mejora de las políticas públicas en materia sanitaria.
“Estas expresiones atentan contra la ética y el respeto profesional, generando un clima de miedo y autocensura en el gremio médico, donde muchos optan por callar ante el riesgo de represalias laborales”, acotó Bueso.
Hasta el momento, las autoridades de salud mantienen en silencio su posición respecto a la solicitud del Colegio Médico de Honduras respecto a una disculpa pública, señalando que tales conductas violan los principios de respeto y ética que deben regir en la función pública.
Desde el Comité por la Libre Expresión Claro, señalamos que en una sociedad que se autodefine como democrática, la libertad de expresión no es únicamente un derecho individual, sino un pilar que sostiene el resto del sistema político. Es de hacer notar que este derecho implica que toda persona pueda manifestar sus ideas, opiniones y críticas —ya sea en el espacio público, en medios de comunicación o en plataformas digitales— sin temor a represalias, censura o persecución.
Sin duda alguna, creemos en C-Libre que en el plano ciudadano, la libertad de expresión garantiza que la voz de la gente influya en las decisiones colectivas, alimentando el debate público con diversidad de perspectivas, pues sin este flujo libre de ideas, la democracia se vacía de contenido y corre el riesgo de convertirse en un formalismo sin participación real.
Finalmente, recordamos a las autoridades de salud que la verdadera medida de una democracia no está solo en la existencia de elecciones periódicas, sino en el grado en que protege el disenso, tolera las críticas y permite la fiscalización del poder por parte de la ciudadanía, de ahí que limitar o castigar las expresiones críticas —especialmente las que provienen de sectores sociales, gremios o comunidades— no solo vulnera un derecho humano fundamental, sino que erosiona la confianza en las instituciones y debilita el tejido democrático.
En un contexto democrático genuino, el Estado debe actuar como garante y no como censor, ello implica proteger la expresión incluso cuando resulte incómoda o desafiante para quienes ejercen el poder; pues es precisamente en la protección de las voces disidentes donde se prueba la solidez de las libertades.
