ALERTA- 2025
Roatán, Islas de la Bahía (C-Libre).- Olman Del Arca, precisó, al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que al menos cinco medios de comunicación locales fueron obstaculizados en su labor informativa por miembros de la Policía Militar del Orden Público y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cuando intentaban realizar cobertura periodística en el Centro Educativo Arobia Alexander Welcome, ubicado en Roatán, Islas de la Bahía.
De acuerdo con la información proporcionada, los hechos se registraron el 25 de noviembre de 2025, alrededor de las 3:45 de la tarde, cuando integrantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) denunciaron que miembros del Partido Liberal supuestamente intentaban manipular equipo informático vinculado al proceso electoral.
Del Arca, forma parte del equipo periodístico de Roatán, un diario informativo en las plataformas digitales y también integra la Red de Alertas para la Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales en Honduras (RAPCOS) y considera que “esta situación se produjo en un ambiente de alta tensión política, a pocos días de la jornada electoral, y generó preocupación entre periodistas que dan seguimiento a los acontecimientos previos a los comicios del 30 de noviembre 2025.
El equipo técnico de C-Libre, vuelve a encender las alertas sobre las condiciones en las que periodistas y medios de comunicación ejercen su labor informativa durante períodos electorales, particularmente en zonas fuera de los principales centros urbanos. En este contexto, el periodista Olman Del Arca presentó una denuncia directa ante el equipo técnico de C-Libre, alertando sobre hechos que, a su juicio, comprometían la transparencia del proceso y afectan directamente el ejercicio del periodismo.
El comunicador subrayó que la cobertura electoral no solo se estaba viendo marcada por denuncias cruzadas entre actores políticos, sino también por “obstáculos concretos impuestos a los medios de comunicación en el terreno”.
A consideración de C-libre, esta obstrucción limitó el acceso de los medios a un espacio de interés público en plena antesala electoral, afectando el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna sobre el desarrollo del proceso, por lo tanto este tipo de acciones resulta particularmente preocupante, ya que las fuerzas de seguridad del Estado tienen la obligación de garantizar condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales, y no de restringir o interferir en la labor de periodistas y de comunicadores sociales.
La presencia de cuerpos armados en contextos electorales, cuando no se rige por criterios claros de respeto a la libertad de prensa, suele generar ambientes de intimidación y autocensura, sostiene la organización.
Antecedentes
Es importante destacar que C-Libre ha instalado, en al menos cuatro procesos electorales consecutivos, un “Observatorio Electoral”, precisamente con el objetivo de registrar, documentar y visibilizar las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales derivadas de su trabajo informativo, la existencia de este observatorio responde a una realidad persistente: los períodos electorales en Honduras continúan siendo escenarios de alto riesgo para la libertad de expresión y de prensa.
Los hechos denunciados no constituyen un evento aislado, por el contrario, se inscriben en un patrón recurrente documentado por C-Libre en procesos electorales anteriores. Es el caso de elecciones previas —incluyendo las generales de 2013, 2017 y 2021— el Observatorio Electoral de C-Libre registró agresiones, amenazas, restricciones de acceso, retención arbitraria de equipos, hostigamiento por fuerzas de seguridad y ataques verbales provenientes de actores políticos y simpatizantes partidarios contra periodistas que cubrían la jornada electoral y los días previos.
En particular, durante el proceso electoral de 2017, se documentaron múltiples casos de obstrucción policial y militar a la cobertura de protestas y centros de votación, así como agresiones directas a periodistas que intentaban informar sobre denuncias de irregularidades. De manera similar, en las elecciones de 2021, C-Libre alertó sobre restricciones al acceso a centros de votación y a espacios de escrutinio, especialmente en zonas rurales y departamentos insulares, donde la presencia del Estado suele concentrarse en cuerpos de seguridad.
Estos antecedentes confirman que los procesos electorales continúan siendo uno de los momentos de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en Honduras, y que las agresiones no siempre se manifiestan de forma directa o violenta, sino también a través de obstáculos administrativos, restricciones arbitrarias y uso indebido de la autoridad por parte de agentes estatales.
En atención al marco legal hondureño, desde el punto de vista legal, de C-Libre, estas acciones contravienen el marco normativo nacional e internacional que protege la libertad de expresión y de prensa, puesto que la Constitución de la República de Honduras, en los artículos 72 y 73, garantiza la libre emisión del pensamiento y prohíbe cualquier forma de censura o restricción indirecta.
Impedir el acceso de periodistas a espacios de interés público durante un proceso electoral constituye una forma de censura indirecta, incompatible con el orden constitucional. Así mismo en el plano internacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a buscar, recibir y difundir información, y establece que este derecho no puede ser restringido por vías o medios indirectos. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala expresamente que la utilización del poder estatal para presionar, intimidar o castigar a comunicadores sociales es una violación grave a la libertad de expresión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados tienen una obligación reforzada de protección a periodistas durante contextos de alta conflictividad social o política, como los procesos electorales. Esta obligación incluye capacitar a las fuerzas de seguridad para que respeten el trabajo periodístico y garantizar que no se utilicen mecanismos de fuerza o intimidación para limitar la cobertura informativa.
Ante estos hechos, el Comité por la Libre Expresión advierte que la obstrucción a la labor de al menos cinco medios de comunicación en Roatán, sumada a denuncias de posibles irregularidades técnicas y presiones políticas, constituye una señal de alerta que debe ser atendida con urgencia; el traslado de las tensiones electorales hacia el ámbito periodístico no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta directamente la calidad de la democracia hondureña.
C-Libre reitera que el periodismo cumple una función social esencial durante los procesos electorales y que ninguna autoridad, fuerza de seguridad o actor político debe interferir en su ejercicio y se sugiere garantizar condiciones seguras, libres y sin intimidación para la prensa, pues resulta indispensable para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir de manera informada.
