Frente a las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025, se presenta un escenario marcado por una historia reciente de violencia, agresiones y amenazas sistemáticas contra periodistas, prensa independiente y defensores de derechos humanos. Estos comicios, que definirán al nuevo presidente, diputados al Congreso Nacional, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano, se desarrollan en un contexto donde el derecho a la información plural, la seguridad de los comunicadores y la garantía de libertad de expresión continúan enfrentando desafiantes retos.
En elecciones anteriores, particularmente las de 2017 y 2021, se documentaron numerosos ataques físicos, digitales y judiciales contra periodistas, con una impunidad alarmante y un ambiente de autocensura que limita el periodismo de investigación. La desinformación, el uso indebido de la propaganda oficial y la estigmatización de medios críticos, han sido constantes, en un país que permanece como uno de los más letales para el ejercicio periodístico en América Latina.
Las autoridades electorales, encabezadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), enfrentan la responsabilidad de garantizar procesos transparentes, equitativos y seguros. Para ello, deben asegurar la protección efectiva de periodistas y medios de comunicación, facilitar el acceso equitativo a la información electoral, evitar discursos estigmatizantes y cortar el uso de mecanismos judiciales para censura. La cooperación internacional y la observación independiente son vitales para fortalecer la vigilancia y promover condiciones que permitan a la prensa ejercer su labor sin miedo ni restricciones indebidas.
Este panorama subraya la importancia de implementar con rigor las recomendaciones estratégicas para proteger la libertad de expresión, fortalecer las instituciones y garantizar un proceso electoral con respeto pleno a los derechos humanos y a la labor periodística, pilares esenciales para la democracia hondureña.
El período analizado coincide con la precampaña y el inicio de la campaña electoral general, y revela un incremento sostenido de las acciones de censura, hostigamiento, violencia digital y criminalización judicial.
Los patrones registrados confirman que, lejos de consolidarse un ambiente propicio para el debate público, el proceso electoral está acompañado por una atmósfera de intolerancia política, estigmatización de la prensa y uso abusivo del poder estatal para silenciar voces disidentes.
