ALERTA -2025
Choluteca, Choluteca (C-Libre).- Durante el mes de noviembre de 2025, en el marco del proceso electoral celebrado el 30 de noviembre, comunicadores sociales y radios comunitarias denunciaron prácticas sistemáticas de cooptación, presión política y concentración vertical de contenidos, tras la incorporación forzada o inducida de al menos 18 emisoras comunitarias a una transmisión centralizada desde medios estatales y afines al gobierno.
El coordinador del MASSVIDA y director de Radio Savia, Germán Chirinos, junto al coordinador de Radio Cholula Triunfeña, Wilfredo Hernández, denunciaron públicamente un ambiente de presión y tensión contra las radios que se negaron a integrarse a la cadena estatal.
Las emisoras comunitarias integrantes de la Alianza de Medios Comunicando a Honduras (AMCH) que no participaron en la integración —Radio Savia, Radio Play, Radio Cholula Triunfeña, Radio ODECO, Su Radio y Voces de Aramecina— manifestaron temor fundado a ser señaladas, estigmatizadas o tratadas como adversarias políticas, una práctica que constituye una forma de represalia indirecta contra el ejercicio de la libertad de expresión y priorizaron su compromiso comunitario, realizando una transmisión conjunta alternativa durante la jornada electoral, con participación de diversos sectores sociales y analistas de sociedad civil, en pleno ejercicio de su función informativa.
Trascendió que las siguientes radios comunitarias se integraron a una señal única retransmitida desde Canal 8, Radio Nacional de Honduras y UNE TV, medios identificados públicamente como instrumentos de comunicación gubernamental: Progreso Radio Piloto, Radio Exclusiva, Radio Chinam Chortís, Radio Éxtasis, Radio Transparencia, Radio Tenán, Stereo Pespire, Radio Zapotillo, Radio Taragual, Radio Yorito, Radio Marcala, Radio Morazanista, Radio Yuscarán, Radio Salavanquira, Radio La Voz de Zacate Grande, Radio Lean, Radio Discovery, Radio Suyuguare.
Estos hechos ocurrieron en un momento crítico para la democracia hondureña, cuando el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, local e independiente debía ser especialmente protegido. Lejos de ello, se configuró un escenario de control indirecto del discurso público, incompatible con los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.
La integración de estas emisoras a una transmisión centralizada de carácter estatal supuso la suspensión de la programación local y comunitaria, afectando directamente el derecho de las audiencias a recibir información contextualizada desde sus territorios.
Las organizaciones denunciantes señalaron que estas prácticas no son aisladas ni coyunturales, sino parte de un patrón sostenido de centralización del discurso. Para el caso, desde meses previos, a las votaciones, el programa “Resistencia-Refundación-Revolución”, dirigido por el periodista Félix Molina, incorporó a radios comunitarias a transmisiones desde Radio HRN, operando como una extensión del mensaje político centralizado.
En ese contexto, se ofrecieron pagos económicos por espacios radiales, reportándose montos de hasta 25 mil lempiras por tres meses, lo que refuerza la preocupación sobre mecanismos de cooptación económica que comprometen la independencia editorial de los medios comunitarios.
El 19 de noviembre de 2025, AMARC Honduras emitió una carta pública dirigida exclusivamente a la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, solicitando la democratización del espectro radioeléctrico, hecho que generó cuestionamientos por su enfoque selectivo en un contexto electoral.
En paralelo, el periodista Félix Molina denunció la salida del aire de su programa “Resistencia-Refundación-Revolución (RRR)” de Radio HRN, a nueve días de las elecciones, calificando el hecho como un acto de censura en un momento de máxima tensión pública. Advirtió que estas decisiones anticipan un escenario de riesgo creciente para la libertad de expresión en Honduras.
Aunque HRN negó que se tratara de censura y alegó el fin del contrato, para C-Libre el momento, la forma y el contexto electoral convierten esta decisión en un hecho de interés público que no puede analizarse de manera aislada.
Para el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), los hechos descritos configuran un escenario alarmante de control indirecto del flujo informativo, particularmente grave por involucrar medios estatales y por afectar de manera desproporcionada a radios comunitarias, históricamente marginadas del acceso equitativo al espectro radioeléctrico. De ahí que la concentración vertical de contenidos, la presión política, la estigmatización de medios no alineados y la cooptación económica constituyen formas de censura indirecta, prohibidas por el ordenamiento jurídico nacional y los estándares interamericanos.
Por otra parte, la Constitución de la República de Honduras, en sus artículos 72 y 73, garantiza la libertad de expresión y prohíbe toda forma de restricción indirecta. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la libertad de expresión no puede ser limitada por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o presiones económicas. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que el uso arbitrario de recursos estatales para influir en contenidos informativos viola el pluralismo democrático.
C-Libre insta a las autoridades a garantizar la independencia de los medios comunitarios, abstenerse de prácticas de cooptación y asegurar condiciones equitativas para el ejercicio del periodismo y la comunicación comunitaria. Lo anterior debido que a pocos días de las elecciones generales de noviembre de 2025, Honduras requería un ambiente de libertad, diversidad, seguridad y pluralismo informativo. La concentración vertical de contenidos con al menos 23 radios comunitarias vinculadas a transmisiones centralizadas, así como el contexto de presiones denunciadas, constituye una señal de alerta sobre el estado de la libertad de expresión en el país.
