ALERTA 93-2025
Danlí, El Paraiso (C-Libre).- La periodista Ivett Selenia Rodríguez, profesional con 12 años de trayectoria en La Tribuna y actualmente en cobertura electoral para Radio Cadena Voces, fue intimidada, hostigada y obligada a eliminar material periodístico por parte de una fiscal del Ministerio Público y un agente de la DPI, mientras realizaba cobertura en el Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso.
La periodista relata que se trasladó al hospital tras observar el traslado de emergencia de una joven madre, quien posteriormente falleció en circunstancias que la familia vincula con posible negligencia médica. La comunicadora, tras dialogar con los familiares, documentó imágenes del entorno —sin registrar el cuerpo de la fallecida ni el rostro de funcionarios— desde una distancia prudente y con su debida identificación profesional a la vista.
Cuando el equipo de fiscalía llegó al lugar, la periodista permanecía en el estacionamiento trasero del hospital, espacio público que no estaba delimitado como escena del crimen, ni existía indicación alguna que prohibiera la labor informativa.
Sin embargo, la fiscal la observó y, en un tono hostil, le ordenó: “Usted no puede estar aquí ni puede grabar”. Ante la aclaración de Rodríguez sobre su derecho a informar, la funcionaria instruyó al agente de la DPI: “Quítele el celular, decomíseselo”. Minutos después ordenó: “Deténgala”.
La periodista se negó al decomiso, recordándole a la fiscal y al agente que su teléfono era propiedad privada y que ella ejercía su labor sin interferir en procedimientos oficiales. La intimidación escaló cuando el agente de DPI se abalanzó hacia ella para intentar arrebatarle el dispositivo. Rodríguez detalla que solo accedió a mostrar la galería y borrar algunos videos “por respeto al dolor de la familia”, no porque existiera obligación legal de hacerlo. Pese a ello, el agente introdujo la mano en su teléfono, seleccionó archivos adicionales y presionó personalmente la opción de eliminar.
Posteriormente exigió revisar la “Galería” para asegurarse de que todo el material estuviera borrado. La fiscal, además de ordenar estas acciones, realizó expresiones de desprecio hacia la periodista, y el agente la amenazó diciéndole: “Llame a quien quiera; el problema es suyo”.
Rodríguez señala que ella y otro periodista fueron quienes avisaron inicialmente a la fiscalía sobre el caso, lo que evidencia la importancia del rol de los medios en alertar a instituciones sobre situaciones críticas que de otro modo pasarían inadvertidas.
La periodista acudió posteriormente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para interponer la denuncia formal, señalando que no es la primera vez que fiscales en Danlí agreden a comunicadores, pues ya se dieron casos previos contra colegas como Julio Ruiz (HCH) y profesionales de “Hoy Mismo”.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libe) denota un patrón de hostilidad institucional en Danlí. Por lo que el caso de Rodríguez se inserta en un patrón creciente de uso abusivo del poder institucional para impedir la documentación de denuncias comunitarias y que C-Libre ha registrado en los últimos años, como ser: decomisos arbitrarios de teléfonos, borrado forzado de material informativo, agresiones verbales y físicas, amenazas legales sin fundamento, confrontaciones por parte de fiscales y agentes policiales.
Este clima hostil no solo intimida a la prensa, sino que busca blindar instituciones como hospitales y dependencias oficiales ante el escrutinio público, cerrando el paso a denuncias de negligencias, demoras, malos procedimientos o trato inhumano hacia pacientes y familiares.
En regiones como El Paraíso, donde la supervisión estatal es más débil, esta hostilidad incrementa la vulnerabilidad informativa de la ciudadanía.
Análisis jurídico: derechos claramente vulnerados
A. Libertad de expresión y prohibición de censura previa
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho a buscar, recibir y difundir información. El decomiso y borrado forzado de archivos constituyen censura previa, prohibida explícitamente por estándares interamericanos.
B. Derecho al ejercicio periodístico sin interferencias
La Corte Interamericana ha establecido que el Estado debe abstenerse de imponer obstáculos que inhiban la cobertura mediática, especialmente cuando se trata de: espacios públicos, denuncias de servicios públicos esenciales, situaciones de interés comunitario.
Ordenar la detención de una periodista, intentar arrebatarle su celular y obligarla a borrar material son actos de abuso de autoridad, violatorios de obligaciones estatales.
C. Normativa nacional
La Constitución de Honduras protege la libre emisión del pensamiento y prohíbe expresamente la censura previa. Ninguna institución pública puede exigir la eliminación de material periodístico sin orden judicial.
El celular y su contenido constituyen propiedad privada y están protegidos por garantías constitucionales.
D. Derecho ciudadano a la verdad y a la información
La prensa cumple un rol esencial en documentar presuntas negligencias médicas. Eliminar material no solo afecta a la periodista: le niega a la sociedad la posibilidad de conocer y exigir responsabilidad institucional.
Importancia de la labor informativa en temas de interés regional
La cobertura de casos sensibles en hospitales públicos es uno de los pilares del periodismo de proximidad en zonas rurales y semiurbanas. Los medios locales son quienes: detectan patrones de negligencia, alertan sobre fallas estructurales, actúan como puente entre ciudadanía e instituciones, acompañan denuncias de familias en situación de vulnerabilidad.
Sin esta labor, Danlí y otros municipios quedarían expuestos a silencios institucionales, donde hechos graves pasan inadvertidos o quedan impunes.
El intento de censurar a Rodríguez buscó frenar la visibilización de un caso con implicaciones humanas, médicas y administrativas serias.
Desde, esta organización que vela por el respeto y la promoción de la libre expresión y de prensa, instamos al gobierno a
- Investigación inmediata contra la fiscal y el agente de la DPI involucrados.
- Sanciones legales y administrativas por abuso de autoridad, censura y violación de derechos constitucionales.
- Garantías de no repetición, incluyendo capacitación obligatoria para fiscales y DPI sobre respeto a la labor periodística.
- Protocolos claros en centros de salud para permitir cobertura responsable de la prensa sin intimidación.
- Protección a la periodista y seguimiento a su denuncia por parte del Ministerio Público.
Finalmente consideramos que lo ocurrido con Ivett Selenia Rodríguez es un ejemplo alarmante de cómo el Estado, en lugar de facilitar el trabajo de la prensa, lo obstaculiza mediante intimidación, abuso de autoridad y censura directa.
Borrar material periodístico bajo coacción es una grave violación a los derechos humanos, una agresión directa a la democracia y un intento por silenciar hechos de interés público. C-Libre reafirma su compromiso de acompañar a la periodista y exige al Estado hondureño garantizar el respeto pleno a la labor informativa, especialmente en contextos donde la ciudadanía depende del periodismo para conocer la verdad.
