ALERTA 92-2025
Omoa, Cortés (C-Libre).- El comunicador social Mauricio Ortega, corresponsal del medio digital Acceso Informativo, fue víctima de acciones intimidatorias por parte de agentes militares mientras realizaba labores periodísticas.
El hecho quedó documentado en un video ampliamente difundido en redes sociales, donde se observa a elementos de las Fuerzas Armadas intentando impedir que Ortega registrara la llegada y verificación de maletas electorales en instalaciones públicas.
Durante la grabación, Ortega —con más de 16 años de experiencia cubriendo procesos electorales— explica con claridad que su presencia forma parte de su derecho y deber profesional de observar, documentar y reportar actividades relacionadas con el proceso democrático. Aun así, los militares insisten en desalojarlo, exigiendo que abandone el área sin justificación legal alguna, en un claro intento de obstaculizar la labor informativa.
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Patrón de hostilidad contra la prensa en el marco electoral
El caso de Mauricio Ortega deja de ser un evento aislado, puesto que diferentes organizaciones internacionales —incluyendo RSF, ARTICLE 19, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), PEN International, redes de libertad de expresión Y EL Comité por la Libre Expresión— han advertido un “clima de vigilancia, intimidación y hostigamiento” contra periodistas hondureños, particularmente en el contexto electoral.
Este ambiente se manifiesta en:
- Restricción ilegal del derecho a documentar asuntos de interés público
- Campañas de difamación desde actores estatales,
- Control arbitrario de información en espacios oficiales,
- Acoso físico y digital,
- Impunidad frente a agresiones anteriores.
C-Libre considera que este acto no solo constituye una agresión directa contra el trabajador de prensa, sino que ocurre en un clima nacional marcado por un incremento de estigmatización, amenazas, hostigamiento institucional y control informativo hacia periodistas, según lo han advertido organizaciones nacionales e internacionales especializadas en libertad de expresión.
Sin duda alguna, la interferencia militar en actividades de cobertura electoral constituye una alarma mayor, pues compromete la transparencia y legitimidad del proceso en curso. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se custodian, distribuyen y verifican los insumos del proceso electoral, y ese derecho no se puede garantizar sin la presencia activa de la prensa.
Es de recordar que existe un marco jurídico aplicable favorable a la protección de la libertad de prensa
Ámbito internacional
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13): protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin restricciones arbitrarias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos: ha establecido que la labor periodística goza de protección reforzada, especialmente en contextos delicados como procesos electorales, por ser esencial para el control ciudadano y la rendición de cuentas del Estado. Los principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (CIDH): obligan a los Estados a abstenerse de ejercer presiones directas o indirectas sobre quienes informan sobre asuntos públicos.
Ámbito nacional
La Constitución de la República reconoce el derecho a la libre emisión del pensamiento, al acceso a la información pública, y prohíbe expresamente cualquier forma de censura previa. La legislación nacional compila garantías adicionales que obligan a las fuerzas de seguridad a actuar bajo principios de legalidad, proporcionalidad, neutralidad y respeto a los derechos fundamentales.
En el marco electoral, el Estado está obligado a garantizar condiciones de seguridad, acceso y no hostigamiento para periodistas acreditados o independientes.
La conducta registrada en Omoa —intimidación militar con el fin de impedir la cobertura informativa— constituye una violación a estos estándares y compromete la responsabilidad internacional del Estado.
El rol de periodistas como Mauricio Ortega es crucial para:
- Documentar irregularidades,
- Verificar la actuación de autoridades electorales,
- Transparentar el manejo de materiales y procedimientos,
- Informar a la ciudadanía con independencia,
- Prevenir abusos de poder.
Impedir la cobertura periodística abierta sobre temas electorales vulnera no sólo los derechos del comunicador, sino el derecho colectivo de la población a estar informada.
En un país con antecedentes de conflictos postelectorales, la presencia de periodistas en cada etapa del proceso electoral se convierte en una garantía indispensable para evitar opacidad, manipulación o abusos de autoridad.
La intimidación militar en contra de un periodista es, por tanto, un golpe directo a la democracia. De ahí que desde C-Libre exigimos al Estado hondureño
- Protección inmediata para el comunicador Mauricio Ortega y garantías para que pueda continuar su labor sin hostigamiento.
- Investigación exhaustiva sobre la actuación de los militares implicados, con sanciones administrativas y penales conforme a la ley.
- Instrucciones claras a todas las fuerzas de seguridad de abstenerse de obstaculizar, limitar o intimidar la labor periodística.
- Garantías de transparencia en la gestión del material electoral, permitiendo acceso total a periodistas y observadores.
- Respeto pleno al marco legal nacional e internacional, evitando discursos o acciones que estigmaticen o criminalicen la labor informativa.
Finalmente, el intento de impedir que Mauricio Ortega documentara un momento clave del proceso electoral representa una grave advertencia sobre el deterioro de la libertad de prensa en el país. La protección de quienes informan no es un acto de benevolencia estatal, sino una obligación constitucional e internacional. La democracia no puede sostenerse sin prensa libre, por otro lado la prensa no puede ser libre si se enfrenta a intimidación militar.
