ALERTA 103-2025
Catacamas, Olancho (C-Libre).- Los hechos ocurrieron cuando periodistas de distintos medios intentaban obtener declaraciones públicas de la mandataria, según reportaron al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). De acuerdo con la información recabada, al momento en que la presidenta, Xiomara Castro y su esposo, arribaron al centro de votación, integrantes de la Guardia de Honor Presidencial arremetieron contra los periodistas que se encontraban en el lugar realizando cobertura informativa.
Durante el incidente se registraron empujones, forcejeos e insultos dirigidos a los profesionales del periodismo, con el objetivo de impedir el acceso, limitar el registro audiovisual y bloquear la obtención de declaraciones. Relataros de algunos testigos del incidente, comentaron que la actuación de los agentes de seguridad no respondió a una situación de riesgo inminente ni a una amenaza real, sino que constituyó una reacción desproporcionada y arbitraria, orientada a neutralizar la labor de la prensa frente a una figura pública de máxima investidura.
Directores de prensa de la ciudad, condenaron el suceso y subrayaron «este hecho reviste una gravedad extrema», al involucrar a la Guardia de Honor Presidencial, cuerpo de seguridad adscrito directamente al Ejecutivo y responsable de la protección de la mandataria. Las agresiones físicas y verbales contra periodistas por parte de agentes estatales constituyen una violación directa a la libertad de expresión y de prensa, y comprometen de manera inmediata la responsabilidad del Estado hondureño, no solo por acción, sino por el uso ilegítimo de la fuerza pública.
Otros sectores de la sociedad olanchana, son de la opinión que el Estado tiene la obligación reforzada de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, especialmente cuando se trata de la cobertura de actos públicos protagonizados por altas autoridades, «la utilización de la seguridad presidencial para agredir o amedrentar a la prensa representa un abuso de poder incompatible con los principios democráticos».
Contexto electoral y afectación al derecho a la información
Los hechos ocurrieron en el día de las elecciones generales, un momento clave para la democracia hondureña, en el que el acceso de la prensa a fuentes oficiales resulta indispensable para garantizar transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana. De ahí que la agresión contra periodistas en un centro de votación, además de vulnerar derechos individuales, genera un efecto inhibidor generalizado, enviando el mensaje de que preguntar, registrar y documentar la actuación de autoridades puede ser castigado con violencia. Este tipo de acciones debilitan el proceso electoral, restringen el flujo informativo y afectan directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Desde las oficinas de C-libre se considera que este hecho constituye una agresión directa y deliberada contra la prensa, ejecutada por agentes estatales de alto nivel, lo que agrava sustancialmente su impacto y gravedad, las agresiones físicas, los insultos y la obstrucción de la cobertura informativa configuran una violación flagrante a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión, y reflejan un patrón preocupante de intolerancia frente al escrutinio periodístico durante el proceso electoral de noviembre de 2025.
«Creemos que la normalización de la violencia institucional contra periodistas representa una amenaza directa al sistema democrático y a las garantías fundamentales», apuntó C-Libre.
Marco legal nacional e internacional
La Constitución de la República de Honduras, en sus artículos 72 y 73, garantiza la libertad de expresión y prohíbe cualquier forma de censura previa o indirecta. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la libertad de expresión no puede ser restringida por medios indirectos, incluyendo la violencia, la intimidación o el uso abusivo de la fuerza pública.
Por otra parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que:
Los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio por parte de la prensa.
La violencia contra periodistas por agentes estatales constituye una de las formas más graves de censura.
El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar estas agresiones.
Ante estos hechos, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) exige:
1- Investigación inmediata, independiente y exhaustiva sobre la actuación de los miembros de la Guardia de Honor Presidencial involucrados.
2- Identificación y sanción administrativa y penal de los responsables materiales y de la cadena de mando.
Pronunciamiento público del Poder Ejecutivo, reconociendo la gravedad de la agresión y reafirmando el respeto a la libertad de prensa.
3- Protocolos claros y públicos para el actuar de cuerpos de seguridad presidencial frente a la prensa.
4- Garantías de no repetición, incluyendo capacitación obligatoria en derechos humanos y libertad de expresión para personal de seguridad del Estado.
Finalmente, la agresión perpetrada por miembros de la Guardia de Honor Presidencial contra periodistas en Catacamas, Olancho, el día de las elecciones generales de noviembre de 2025, constituye una violación grave y directa a la libertad de prensa, atribuible al Estado hondureño. C-Libre advierte que sin garantías para la prensa no hay transparencia electoral, y que el uso de la fuerza estatal para silenciar o intimidar a periodistas es incompatible con cualquier régimen democrático.
