Puerto Lempira, Gracias a Dios (C-Libre).- Yuam Pravia, periodista del pueblo misquito, alertó sobre el creciente y alarmante escalada de agresiones, descuidos institucionales, que le causan peligro inminente como periodista quien es originaria de la Mosquitia y que actualmente está desplazada forzosamente junto a su familia debido a múltiples amenazas vinculadas al ejercicio de su labor informativa.

La periodista reportó que su vivienda fue nuevamente atacada, esta vez mediante un hurto dirigido, en el cual personas desconocidas sustrajeron el panel de la antena Starlink, equipo que provee conexión satelital en una zona donde no existe otro tipo de conectividad.

El hurto ocurre mientras la periodista realizaba transmisiones a través de plataformas digitales relacionadas con el proceso electoral, documentando incidencias y situaciones relevantes en la región.

A pesar de que Yuam Pravia cuenta con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección, estas no han sido implementadas de manera efectiva. La Policía Nacional, responsable de ejecutar parte de dichas medidas, ha desatendido llamados urgentes, incluso frente a incidentes previos de mayor gravedad.

Uno de los hechos ignorados por las autoridades incluyó un ataque directo contra su vivienda en momentos en que sus tres hijas pequeñas dormían adentro, lo que representa un caso de riesgo extremo.

La situación se agrava al recordar que Pravia tuvo que desplazarse forzadamente de su comunidad debido a amenazas surgidas después de reportar el hallazgo de una posible narcoavioneta asociada al tráfico de drogas, actividad criminal que opera con altos niveles de violencia e intimidación en la región.

Para el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el hurto del equipo de la conectividad que sufrió la periodista Pravia, constituye una forma de silenciamiento indirecto, pues limita su capacidad de comunicación, trabajo y contacto con redes de apoyo.

Por otra parte, considerando la coincidencia temporal electoral sugiere motivaciones ligadas a su labor periodística, lo cual agrava la naturaleza de la agresión.

Como institución que promueve y defiende la libertad de prensa y libre expresión, el Estado hondureño debe actuar con debida diligencia reforzada, dado que la periodista reúne múltiples condiciones de vulnerabilidad como ser: mujer, indígena, periodista comunitaria, madre de menores, desplazada e informante de hechos vinculados, posiblemente, al crimen organizado

La periodista es la única profesional del periodismo que reporta desde la Mosquitia hacia medios nacionales en Tegucigalpa. Su labor aporta visibilidad a una región históricamente marginada, donde la ausencia del Estado y la influencia del narcotráfico generan condiciones de alto riesgo para comunicadores.

Además, su identidad indígena y su arraigo territorial la convierten en una voz fundamental para la documentación de hechos que generalmente no alcanzan los medios tradicionales.

De ahí que desde C-Libre consideramos que atentar contra ella es atentar contra el derecho colectivo de la población misquita a ser informada y contra la pluralidad informativa del país.

En el ámbito nacional:

Constitución de la República:

  • Art. 59: protección de la vida y la dignidad humana.
  • Art. 72: libertad de expresión.
  • Art. 79: derecho a la libre emisión del pensamiento.
  • Art. 346: obligación estatal de proteger a los pueblos indígenas y sus formas de organización.

En el ámbito internacional:

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4, 5, 13 y 16).
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 6, 19 y 22).
  • Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos.
  • Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales.

Cabe señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insta obliga al Estado hondureño a prevenir ataques contra periodistas y actuar con diligencia reforzada cuando estos forman parte de grupos históricamente discriminados. Sin duda algún el incumplimiento estatal ante estas obligaciones puede derivar en responsabilidad internacional.

  • Revisión inmediata de las medidas de protección y adopción de acciones urgentes, efectivas y diferenciadas.
  • Investigación pronta, independiente e imparcial de todos los ataques realizados contra la periodista y su familia.
  • Enfoque étnico-territorial en el análisis de riesgo, con atención particular a la operación del crimen organizado en la Mosquitia.
  • Garantía plena para el ejercicio periodístico en contextos electorales y en zonas alejadas y vulnerables.
  • Activación de observación internacional para evitar daños irreparables.
  • Implementar vigilancia permanente alrededor de la vivienda de la periodista.
  • Proveer sistemas de comunicación alternos (equipo satelital, radios HF).
  • Activar protocolos de evaluación de riesgo dinámica, actualizada semanalmente.
  • Coordinar con DPI para patrullaje preventivo y vigilancia dirigida.
  • Garantizar la investigación especializada en delitos contra periodistas.

Como C-Libre y aliados en temas de libertad de expresión y derechos humanos procuraremos:

  • La implementación de monitoreo constante del caso de Yuam Pravia
  • Documentar fallos institucionales para su eventual registro en instancias internacionales.
  • Solicitar medidas cautelares ante la CIDH si el riesgo persiste.
  • Realizar misión de observación en la zona para evaluar el contexto territorial.