ALERTA 99-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Se reporta otro alarmante caso de represalia política y violación directa a la libertad de expresión en Honduras, esta vez la ciudadana Mirian Vásquez, enfermera del Hospital Escuela e integrante del programa Madre Canguro, fue abruptamente cesada de su puesto tras realizar comentarios en su cuenta personal de facebook sobre los resultados del proceso electoral celebrado el 30 de noviembre de 2025.
En declaraciones a Q´hubo TV, la víctima comentó que el 9 de diciembre, fue llamada a la oficina de Recursos Humanos del Hospital Escuela, donde se le entregó un acta de notificación de cesantía. Según su testimonio, la medida fue sorpresiva, arbitraria y carente de explicación formal. “Me citaron para entregarme un acta de cesantía”, Yo no he pedido eso y no me dieron ninguna razón; me dijeron que consultara en la Secretaría de Salud, dijo Vásquez. Según su narración, al acudir al día siguiente a la Secretaría de Salud en búsqueda de explicaciones, se encontró con un hecho aún más grave: funcionarios le mostraron capturas de pantalla de su perfil personal de facebook, donde ella había compartido publicaciones relacionadas con el desarrollo de las elecciones generales, sin involucrar a la institución hospitalaria.
“Para mi sorpresa, me salen con capturas de mi Facebook, me dicen que es por eso, por compartir cómo iban las elecciones; primero me acusaron de publicar cosas del Hospital Escuela, pero eso nunca ha ocurrido”, sentenció Vásquez. La enfermera denunció sentirse víctima de acoso político, estigmatización y violación de su privacidad digital. Trasciende que las publicaciones citadas no contenían insultos, datos institucionales ni información confidencial y que eran simples expresiones de interés ciudadano sobre el proceso electoral.
“¿Dónde queda la libre expresión? ¿Dónde queda mi privacidad?, esto es injustificado. Yo siempre he hecho mi trabajo con amor, jamás he faltado a mis responsabilidades”, puntualizó la fémina quien esta desconcertada por su despido producto de una expresión en sus redes sociales.
Ver entrevista: https://x.com/Qhubotvoficial
Para el área legal de C-Libre, este hecho constituye un precedente peligroso para la ciudadanía hondureña, la cesantía de una trabajadora del sistema de salud basada exclusivamente en opiniones políticas expresadas en redes sociales representa:
Censura y castigo político contra la participación ciudadana.
Abuso de poder por parte de instituciones públicas.
Vigilancia indebida y uso ilegítimo de información personal en redes sociales.
Criminalización del pensamiento, contrario a los principios democráticos y constitucionales.
“El caso evidencia un grave retroceso en las garantías mínimas para ejercer libremente el derecho a opinar, cuestionar y participar en asuntos públicos sin temor a represalias laborales o administrativas”, sostiene el equipo legal de C-Libre. Por otra parte, este patrón se alinea con tendencias recientes en Honduras, donde funcionarios y entidades gubernamentales han tomado represalias contra voces críticas, periodistas, trabajadores públicos y ciudadanos que expresan opiniones independientes.
C-Libre advierte que este tipo de actos desincentiva la participación democrática, genera autocensura y crea un clima de miedo que deteriora aún más el frágil espacio cívico del país. La constitución de la República de Honduras, establece todo un marco legal que garantiza la libre expresión en el país.
Artículo 72: “La expresión del pensamiento es libre.” Prohíbe cualquier tipo de censura previa y responsabiliza a quienes restrinjan indebidamente este derecho.
Artículo 73: Garantiza la libertad de difundir ideas sin intromisiones injustificadas.
Artículo 74: Prohíbe la utilización de medidas administrativas que limiten la libertad de expresión.
Artículo 81: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a no ser perseguida por sus ideas.
Despedir a una trabajadora por publicaciones personales de carácter político constituye una violación directa a estos artículos.
Ley de Libre Emisión del Pensamiento (Decreto 6-1958)
Reconoce la facultad de todo ciudadano para expresar ideas, opiniones y críticas sobre asuntos de interés público sin temor a sanciones arbitrarias.
Asi mismo, existe un marco internacional que salvaguarda el derecho ciudadano a la libre expresión, para el caso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19), dice que Honduras está obligada a garantizar el derecho a opinar sin injerencias. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13), prohíbe expresamente cualquier forma de restricción por vías directas o indirectas.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (CIDH), establece que funcionarios estatales no pueden emplear mecanismos de represalia para castigar opiniones políticas. La OIT / Principios sobre la libertad sindical y protección del empleo en el sector público, prohíben despidos por motivos ideológicos o de opinión.
Finalmente, el análisis jurídico demuestra que la cesantía de Mirian Vásquez es arbitraria, discriminatoria y contraria a las obligaciones del Estado hondureño.
En este marco de ilegalidad contra Vásquez, C-Libre exige:
Reinstalación inmediata de la enfermera Mirian Vásquez en su puesto.
Investigación administrativa para identificar a los responsables de la represalia.
Garantías de no repetición para trabajadores del sistema de salud y del sector público.
Cese del acoso político y del uso de redes sociales de ciudadanos como herramienta de persecución ideológica.
Respeto irrestricto al derecho de la ciudadanía a participar en debates públicos sin miedo a perder su empleo.
La cesantía de Mirian Vásquez no es un simple conflicto laboral: es un atentado directo contra la libertad de expresión, un derecho fundamental protegido por la Constitución hondureña y los tratados internacionales suscritos por el país. C-Libre reitera que opinar no es un delito, y que castigar a una ciudadana por sus publicaciones electorales es una práctica incompatible con un Estado democrático.
