Desde el 9 de septiembre de 2025, existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la invalidez del recurso de inconstitucionalidad presentado contra el periodista hondureño Carlos Eduardo Ávila Aguilera. Sin embargo, varios magistrados aún no han firmado la resolución, provocando un retraso injustificado en la aplicación de la amnistía que le permitiría regresar a su hogar. Este estancamiento judicial mantiene vigente la amenaza de detención y evidencia cómo se instrumentaliza el sistema penal contra periodistas críticos.
Ávila ha sido víctima de 19 años de persecución judicial y criminalización tras publicar denuncias de acoso sexual contra niñas del Instituto José Cecilio del Valle, en Choluteca. A pesar de contar con expedientes y testimonios de las víctimas, fue condenado inicialmente a 4 años de prisión en 2014 por calumnias constitutivas de difamación y, tras un Recurso de Casación, su pena fue reducida a 1 año y 2 meses en 2020 bajo el nuevo Código Penal. La solicitud de conmutación por multa fue negada, y se emitió una orden de captura.
En 2020, la Corte confirmó la condena, pero ajustó la pena a 1 año y 2 meses bajo el nuevo Código Penal 130-2017. Aunque la ley permitía conmutar la pena por multa, la jueza la denegó, emitió una orden de captura y obligó a Ávila a cumplir prisión, ignorando la norma sobre la ley más favorable.
Esta instrumentalización del sistema penal muestra cómo los delitos contra el honor son usados para silenciar a periodistas que exponen hechos de interés público.
Debido a esta situación, Ávila permanece desplazado y bajo medidas de protección, enfrentando un riesgo constante a su integridad física y psicológica. La demora en la firma de los magistrados agrava su vulnerabilidad y mantiene en incertidumbre legal un caso de alto interés público.
El caso de Ávila evidencia cómo los delitos contra el honor se usan para silenciar a periodistas, generando censura indirecta y autocensura. Mantener firme la condena enviaría un mensaje inhibidor que afecta a toda la prensa y el derecho colectivo de la sociedad a estar informada sobre corrupción y violencia de género.
En 2007, Ávila acompañó a madres y padres de familia que denunciaron ante autoridades a un docente por presuntos abusos sexuales. Ante la inacción del Ministerio Público, publicó la denuncia en medios nacionales, ejerciendo su derecho a informar sobre hechos de interés público. Desde entonces, ha enfrentado un proceso judicial extenso, lleno de irregularidades y obstáculos para la aplicación de la amnistía política reconocida en 2022.
La impunidad en casos de abuso sexual y la complicidad de autoridades locales y estatales han hecho de Honduras un país donde los periodistas enfrentan constantes amenazas, hostigamiento legal y riesgo físico, provocando autocensura y limitando el derecho de la sociedad a estar informada. Según datos de la ONU y la CIDH, la mayoría de las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes no llegan a juicio, y la falta de diligencia en
El caso de Ávila demuestra cómo el uso del derecho penal para perseguir periodistas genera censura indirecta y autocensura, afectando no solo al comunicador, sino al derecho de la sociedad a recibir información sobre corrupción y violencia de género. Mantener firme una condena enviaría un mensaje inhibidor a toda la prensa, debilitando la labor periodística y la rendición de cuentas.
C-Libre recuerda que el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege no solo la emisión de opiniones, sino también el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha subrayado que “los periodistas que trabajan en temas de interés público son defensores de derechos humanos y merecen protección especial frente a amenazas, violencia o persecución”.
C-Libre reitera su pronunciamiento y exige:
- Pleno de Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema: Firmar de inmediato la resolución y garantizar la efectiva aplicación de la amnistía, respetando estándares internacionales sobre libertad de expresión y control de convencionalidad.
- Sala de lo Constitucional y tribunales competentes: Observar rigurosamente el debido proceso y evitar el uso del derecho penal para silenciar la expresión de interés público.
- Ministerio Público: Investigar con diligencia las denuncias originales de abuso y evitar revictimización y persecución del periodista.
- Mecanismo Nacional de Protección y Secretaría de Derechos Humanos: Reforzar medidas de protección mientras persista el riesgo.
- Congreso Nacional: Avanzar en reformas legales que armonicen el marco de difamación y protección de periodistas con los estándares internacionales.
- Organizaciones internacionales y relatorías de libertad de expresión: Dar seguimiento urgente al caso y pronunciarse ante la mora judicial que impacta casos de alto interés público en Honduras.
C-Libre reafirma que informar sobre hechos de interés público es un ejercicio protegido, y que ningún periodista debe enfrentar cárcel por cumplir con su deber profesional. La demora en la firma de la resolución por parte del Pleno pone en riesgo la seguridad de Carlos Ávila y perpetúa la impunidad.
SOBRE C-LIBRE
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) es una organización hondureña dedicada a la defensa de la libertad de prensa y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Monitorea amenazas y agresiones contra la prensa y la sociedad civil, documenta casos de criminalización y promueve acciones de incidencia nacional e internacional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en Honduras.
ENTREVISTAS
Para entrevistas con C-Libre, comuníquese con comunicación@clibrehonduras.com
