ALERTA 44-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- De acuerdo con videos difundidos públicamente, miembros de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) impidieron de manera violenta y arbitraria el trabajo de cobertura informativa de varios profesionales del periodismo, entre ellos el periodista Edy Quintero, del noticiero Hoy Mismo.
Según se observa ampliamente que la agresión contra el periodista Quintero, alcanzó un nivel de violencia física particularmente preocupante durante la cobertura del acto oficial de ascensos militares. Las imágenes evidencian que uno de los miembros de seguridad de la Guardia de Honor Presidencial sujetó al comunicador mediante una acción de fuerza concretamente al cuello, inmovilizándolo mientras el periodista intentaba liberarse con la intención de continuar con su labor.
De acuerdo a las consideraciones del equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la gravedad del hecho aumenta debido a que la maniobra utilizada implicó contacto físico directo y el uso desproporcionado de fuerza contra un periodista que se encontraba ejerciendo funciones informativas en un espacio de interés público.
De acuerdo con la secuencia observable en los registros audiovisuales, fue gracias a la rápida intervención del periodista Flavia Pavón, quien forcejeó y retiró con fuerza el brazo del agresor, que el periodista Quintero logró liberarse y continuar desplazándose hacia el mandatario para intentar formular preguntas vinculadas con el acto oficial.
Video los sucedido: https://www.facebook.com/reel/974207165015206
Vale señalar que la restricción y obstaculización impuesta contra periodistas durante la cobertura del acto oficial ocurre además en un contexto de alto interés público, luego de que trascendiera públicamente que varios de los oficiales ascendidos habrían obedecido órdenes del jefe militar Roosevelt Hernández durante los hechos que afectaron el desarrollo del proceso electoral de 2025 en Honduras. Este elemento otorga una relevancia adicional a la cobertura periodística, debido a que la ciudadanía tiene derecho a conocer información relacionada con la trayectoria, responsabilidades y antecedentes de funcionarios militares que continúan escalando posiciones dentro de la estructura castrense del país. En ese sentido, impedir o limitar el acceso de la prensa a declaraciones oficiales sobre estos ascensos constituye una afectación directa al derecho colectivo de acceso a información de evidente interés público.
Para C-Libre, este elemento resulta especialmente alarmante porque trasciende la simple restricción de acceso y configura un acto de agresión física directa contra un trabajador de la prensa. La utilización de mecanismos de inmovilización corporal contra periodistas durante coberturas informativas representa un precedente grave para el ejercicio de la libertad de prensa en Honduras, particularmente cuando los presuntos responsables pertenecen a cuerpos estatales encargados de la seguridad presidencial.
Asimismo, las imágenes difundidas públicamente contradicen cualquier intento de minimizar el incidente como un simple “impase” operativo, ya que los registros audiovisuales muestran una intervención coercitiva que puso en riesgo la integridad física del comunicador y obstaculizó deliberadamente su labor informativa.
Este nuevo elemento fortalece la necesidad de que las autoridades competentes realicen investigaciones imparciales, identifiquen a los responsables materiales y establezcan medidas efectivas de no repetición, evitando que prácticas de control físico e intimidación contra periodistas continúen normalizándose en coberturas oficiales.
Los hechos ocurrieron mientras representantes de medios de comunicación intentaban obtener declaraciones e imágenes del acto oficial, momento en el que elementos de seguridad presidencial realizaron empujones, bloqueos físicos y acciones intimidatorias para limitar el acceso de la prensa a la fuente pública de información.
Registro de los hechos en Reporteros de Investigación: https://www.facebook.com/ReporterosdeInv
La situación, provocó reacciones inmediatas del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), organismo que condenó enérgicamente la actuación de los miembros de seguridad presidencial y demandó a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas tomar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de agresiones contra periodistas.
En su posicionamiento público, el CPH señaló que “no queremos que las mismas acciones del reciente pasado en la institución castrense sigan reflejándose en el presente”, al tiempo que exhortó a capacitar a los cuerpos de seguridad sobre el respeto a la labor periodística y al derecho ciudadano de acceso a la información pública.
Reacción del Colegio de Periodistas de Honduras: https://x.com/ColegioPeriodi1/status/2055016540710306200?s=20
Para C-Libre, este hecho no constituye un incidente aislado. Por el contrario, forma parte de un patrón recurrente de restricciones y obstáculos impuestos a la prensa durante coberturas de actividades oficiales, particularmente en escenarios vinculados con instituciones de seguridad y altos funcionarios públicos, de ahí que las obstrucciones informativas continúan consolidándose como una de las formas más frecuentes de agresión contra la prensa en Honduras.
En el registro preliminar de alertas documentadas en los últimos cinco años por parte de C-libre, organización con unos 25 años de presencia en el país, que defiende y promueve la libre de expresión y libertad de prensa, denota que este tipo de agresión aparece de manera transversal en múltiples departamentos del país, afectando especialmente coberturas relacionadas con: actividades gubernamentales, protestas sociales, denuncias de corrupción, seguridad pública, procesos electorales y actuaciones de autoridades municipales y cuerpos armados.
El análisis narrativo de los casos evidencia un patrón común: agentes estatales o personas vinculadas al poder público recurren al bloqueo físico, intimidación, expulsión de espacios públicos, limitación del acceso a entrevistas, decomiso o intento de impedir registros audiovisuales, como mecanismo de control del flujo informativo.
En varias alertas previas registradas, entre enero a mayo del presente año 2026, por C-Libre, los principales agresores identificados corresponden precisamente a funcionarios públicos, cuerpos de seguridad estatal, policías municipales, personal militar o equipos de seguridad institucional, lo que genera una especial preocupación debido al efecto inhibidor que estas acciones provocan sobre el ejercicio periodístico.
Reflexiones sobre seguridad y cobertura periodística
El abogado Saúl Bueso, coordinador del Área de Acceso a la Justicia dependencia de C-Libre, consideró que el incidente debe servir como un punto de reflexión institucional sobre los mecanismos de acceso periodístico a fuentes oficiales protegidas por dispositivos de seguridad presidencial.
Bueso señaló que resulta necesario construir protocolos claros entre autoridades estatales y medios de comunicación para garantizar simultáneamente la seguridad de funcionarios públicos y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
Asimismo, enfatizó que el periodismo tiene la obligación democrática de documentar y fiscalizar el actuar de las instituciones públicas, particularmente en temas sensibles como ascensos militares, transparencia institucional y antecedentes de funcionarios que ejercen poder dentro del aparato estatal.
El especialista sostuvo además que la respuesta estatal no puede limitarse únicamente a disculpas públicas, sino que debe incluir medidas preventivas, investigación objetiva y garantías efectivas de no repetición.
Disculpas presidenciales insuficientes frente a la impunidad
En las horas posteriores al incidente, el presidente Nasry Asfura ofreció disculpas públicas a periodistas afectados e invitó a representantes de medios de comunicación a reunirse en Casa Presidencial para expresar personalmente su posición sobre lo ocurrido.
Sin embargo, organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos y libertad de expresión consideran que las disculpas públicas resultan insuficientes si no van acompañadas de investigaciones y deducción de responsabilidades al responsable directo de dar la orden de impedir el paso de la prensa al lugar de la noticia, pues tal como se observa en todos los videos que han trascendido de la agresión, evidencian que alguien, hasta ahora desconocido, dio directrices claras a los miembros de la GHP; respecto al lugar hasta donde debían llegar la prensa.
Es de hacer notar que la persistencia de la impunidad en casos de agresiones contra periodistas envía un mensaje negativo al resto de la institucionalidad estatal y favorece la normalización de prácticas restrictivas contra la prensa.
Diversos organismos internacionales han advertido que las restricciones arbitrarias al trabajo periodístico constituyen una forma indirecta de censura incompatible con los estándares democráticos de protección a la libertad de expresión. De hecho la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha reiterado que los funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado deben garantizar condiciones seguras y libres para la cobertura periodística de asuntos públicos, especialmente en actos oficiales de alto interés ciudadano.
Marco legal nacional e internacional vulnerado
Los hechos descritos podrían constituir vulneraciones a garantías protegidas por:
- El artículo 72 de la Constitución de la República de Honduras, que reconoce la libertad de expresión.
- El artículo 74 constitucional, que prohíbe restricciones indirectas a la difusión del pensamiento.
- El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones.
- La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente el principio 9, que establece que el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a comunicadores sociales, así como la destrucción material de medios y cualquier acto de violencia contra periodistas, vulneran severamente la libertad de expresión.
- Los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que establecen la obligación estatal de prevenir agresiones provenientes de agentes públicos.
Ante estos hechos, C-Libre exhorta a:
- Las Fuerzas Armadas de Honduras a investigar la actuación de los miembros de la Guardia de Honor Presidencial involucrados en la agresión.
- La Presidencia de la República a establecer protocolos públicos y transparentes para la cobertura de actividades oficiales.
- Las autoridades estatales garantizar condiciones seguras y libres para el ejercicio periodístico.
- El Ministerio Público a investigar posibles abusos de autoridad y restricciones ilegítimas contra la prensa.
- Los organismos internacionales de protección a la libertad de expresión a mantener observación sobre el deterioro de garantías para el ejercicio periodístico en Honduras.
Finalmente desde las oficinas de C-libre enfatizamos que la libertad de prensa constituye un elemento esencial para el funcionamiento democrático y toda agresión, intimidación u obstaculización contra periodistas afecta directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada.
