Entre enero y junio de 2026 el Sistema de Alertas del Comité por la Libre Expresión documentó sesenta (60) agresiones documentadas contra el derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa y el acceso a la información pública no corresponden a hechos aislados, sino que reflejan patrones persistentes de hostigamiento dirigidos contra quienes investigan, documentan o informan sobre asuntos de alto interés público.
Además, este primer semestre de 2026 estuvo marcado por un contexto de creciente conflictividad política, social y territorial en Honduras, caracterizado por el incremento de las protestas ciudadanas, los conflictos relacionados con la defensa de la tierra y los bienes comunes, las demandas de distintos sectores sociales por el acceso a derechos fundamentales y un ambiente de alta polarización en la esfera pública.
En este escenario, periodistas, comunicadores sociales, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y vocerías comunitarias desarrollaron su labor en condiciones de riesgo, enfrentando diversas formas de violencia, intimidación y restricciones que afectaron el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información de interés público.
Panorama de la situación de la libertad de expresión Entre los principales factores de riesgo destacan la cobertura de conflictos agrarios y territoriales, las movilizaciones sociales, las denuncias de corrupción, las demandas por transparencia, la gestión de instituciones públicas y las reivindicaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes y organizaciones comunitarias. Estos contextos continúan generando respuestas que restringen el ejercicio del periodismo mediante amenazas, actos de intimidación, campañas de estigmatización, obstáculos para el acceso a la información pública y otras formas de presión orientadas a desalentar la labor informativa.
Durante este período también se documentó la persistencia de mecanismos de criminalización y judicialización dirigidos contra personas defensoras y liderazgos comunitarios, particularmente en conflictos relacionados con la defensa del territorio. En varios casos, las actuaciones estatales coincidieron con operativos de seguridad, desalojos y restricciones al derecho de reunión y manifestación pacífica, generando escenarios de especial riesgo para periodistas y comunicadores que daban cobertura a estos acontecimientos.
