ALERTA 78-2026
Tegucigalpa, Honduras, (C-LIBRE).- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) expresa preocupación ante nuevas revelaciones sobre el presunto funcionamiento, durante la administración gubernamental 2022–2026, de una estructura dentro de la entonces Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) destinada al monitoreo de periodistas y medios de comunicación, perfilamiento de voces críticas y coordinación de ataques mediante múltiples cuentas en redes sociales.
Una investigación divulgada por ICN y retomada este 25 de agosto por Noticias 24/7 recoge el testimonio bajo reserva de una persona que afirma haber integrado un equipo de aproximadamente 100 personas en la SPE. Según su relato, una parte del personal monitoreaba televisión, radio, prensa escrita, medios digitales e internacionales, mientras otro grupo intervenía en redes sociales para responder a contenidos críticos hacia el gobierno anterior.
La fuente aseguró que quienes realizaban estas labores debían operar al menos cinco cuentas por cada red social y que se elaboraban registros sobre periodistas, medios y entrevistados, incluyendo sus declaraciones, horarios de transmisión y respaldos en imágenes o videos. También afirmó que en algunos casos la recopilación alcanzaba información de carácter personal.
De acuerdo con el testimonio, la estructura no se habría limitado a monitorear o responder información: también se habrían elaborado contenidos falsos o manipulados para desacreditar a determinadas figuras públicas y amplificarlos posteriormente mediante las cuentas administradas por el equipo. La fuente señaló al entonces titular de la SPE, Ricardo Salgado, como la persona que habría tenido la aprobación final sobre determinados materiales. Estos señalamientos corresponden al testimonio de una fuente anónima y requieren investigación y corroboración independiente.
Denuncias habían surgido cuatro meses antes
Las nuevas revelaciones coinciden con señalamientos realizados públicamente el 23 de abril de 2026 por Leonel Núñez, presidente de la Comisión Liquidadora de la Secretaría de Planificación Estratégica.
Núñez afirmó que durante el proceso de liquidación habían identificado un supuesto sistema digital mediante el cual determinadas palabras clave llegaban a un servidor, permitían identificar a las personas que las utilizaban y posteriormente activar acciones contra ellas en redes sociales. También señaló el uso de inteligencia artificial para la identificación de usuarios.
En declaraciones recogidas por El Heraldo, Núñez sostuvo además que dentro de la institución existían estructuras organizadas que calificó como “call centers” destinadas a operar en redes sociales. También denunció la ausencia de auditoría interna pese a que la Secretaría manejaba un presupuesto superior a los mil millones de lempiras anuales y señaló la existencia de numerosos contratos por servicios profesionales.
La coincidencia entre los señalamientos de abril y el nuevo testimonio de agosto plantea interrogantes sobre el alcance del monitoreo desarrollado desde una institución estatal, la información recopilada sobre periodistas y otras personas, los recursos utilizados y el eventual empleo de esa estructura para intervenir de manera coordinada en el debate público.
Monitorear medios no autoriza perseguir voces críticas
C-Libre advierte que el monitoreo institucional de contenidos difundidos públicamente no constituye, por sí mismo, una violación a la libertad de expresión. La preocupación surge cuando una estructura estatal pudiera haber sido utilizada para perfilar periodistas por sus opiniones o coberturas, recopilar información personal, organizar ataques digitales, fabricar o amplificar contenidos falsos y desacreditar a quienes cuestionaban al poder público.
De confirmarse estas prácticas, se estaría ante una posible desnaturalización de los recursos públicos de comunicación y monitoreo para intervenir indebidamente en el debate democrático.
Clasificación preliminar
Conforme al Manual Básico de Alertas de C-Libre 2026, los hechos descritos pueden analizarse dentro del Estándar 1: Violencia, categoría 1.3 Vigilancia, que comprende acciones de monitoreo y recolección de información sobre periodistas o voces críticas.
Asimismo, se relacionan con el Estándar 7: Espacio digital y acceso a internet, particularmente: 7.7 Violencia en espacios digitales: acoso, amenazas u hostigamiento en redes destinados a callar o intimidar voces disidentes y 7.11 Desprestigio: difusión sistemática de información falsa, manipulada o campañas destinadas a desacreditar periodistas o personas críticas.
El caso presenta además elementos para analizar una posible motivación política, debido a que el Manual contempla esta variable cuando los ataques están relacionados con opiniones políticas, fiscalización de actores políticos o eventual utilización del aparato estatal con esos fines.
C-Libre demanda
C-Libre solicita al Tribunal Superior de Cuentas informar si dentro de las auditorías realizadas o previstas sobre la extinta Secretaría de Planificación Estratégica se investigará específicamente la infraestructura tecnológica, contratación de personal, adquisición de servicios y utilización de recursos vinculados con estas operaciones.
Asimismo, exhorta al Ministerio Público a determinar si existen elementos que ameriten una investigación sobre el posible uso de recursos públicos para realizar vigilancia, recopilación indebida de información o campañas coordinadas de hostigamiento y desinformación.
C-Libre considera necesario preservar servidores, bases de datos, contratos, registros administrativos y demás documentación física y digital que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, así como garantizar acceso a información pública sobre la estructura, presupuesto y funcionamiento de las unidades involucradas.
Finalmente, C-Libre demanda garantías para que periodistas, comunicadores, medios de comunicación y otras voces críticas no sean objeto de vigilancia, perfilamiento o represalias por el contenido de sus opiniones, investigaciones o coberturas.
Los recursos públicos destinados a comunicación gubernamental deben servir para informar a la ciudadanía, no para vigilar, intimidar o desacreditar a quienes fiscalizan el ejercicio del poder.
