ALERTA 97-2026
Choluteca, Honduras (C-Libre).- El asesinato de Cristian Estrada Pastrana, un joven campesino de 22 años y defensor del territorio de la comunidad de El Tulito, Choluteca, vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las personas que defienden la tierra y los derechos de las comunidades campesinas en Honduras. El joven fue reportado como desaparecido el 9 de noviembre de 2026 y su cuerpo fue encontrado sin vida el día siguiente en predios que se encuentran en litigio dentro de la misma comunidad.
Según pronunciamiento de la Articulación del Sur, integrada por organizaciones defensoras de derechos humanos, condenaron el crimen y señalaron que hasta la fecha de su pronunciamiento, se desconocía quiénes eran los responsables.
La muerte de Cristian Estrada Pastrana ocurre en una comunidad que ha denunciado reiteradamente situaciones de hostigamiento, amenazas, criminalización y actuaciones que han puesto en riesgo la integridad de las familias campesinas que defienden su permanencia en el territorio. Por ello, las organizaciones consideran indispensable que la investigación examine la posible relación del crimen con las amenazas recibidas, la criminalización y el conflicto agrario que persiste en El Tulito y sin descartar ninguna línea de investigación.
El pronunciamiento de la Articulación del Sur, suscrito por el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, ASONOG, la Comisión Nacional de Ecología Integral y la Red de Mujeres de Namasigüe, presenta una cronología de hechos que permite dimensionar los antecedentes de violencia y conflictividad territorial en esta comunidad.
Entre los antecedentes figura el asesinato de Marlon Montez Núñez, ocurrido el 25 de febrero de 2022. Según las organizaciones, Montez Núñez, integrante de la Empresa Campesina Nuevo Amanecer de El Tulito, fue asesinado a disparos durante un allanamiento realizado por agentes policiales. Posteriormente, el 6 de agosto de 2026, se ejecutó un desalojo que, según el pronunciamiento, involucró a más de 200 agentes policiales y afectó a aproximadamente 86 familias campesinas.
La actuación se produjo por orden de un juzgado, luego de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026), a solicitud de las empresas Agrícolas Los Destellos y Compañía Cañera del Sur, señaladas por las organizaciones como acusadoras privadas en el proceso por el delito de usurpación.
El 10 de septiembre de 2026, la comunidad denunció que agentes de la Policía Nacional realizaron 21 disparos al aire, situación que, según la denuncia, puso en riesgo la vida de las familias que permanecían en el territorio. Más adelante, el 27 de octubre, habitantes de El Tulito denunciaron un corte de energía eléctrica desde aproximadamente las 5:30 de la tarde, mientras se desarrollaba un fuerte despliegue policial que custodiaba maquinaria utilizada para rociar pesticidas en predios donde se alimenta el ganado, asi mismo las familias también denunciaron que las descargas alcanzaban sus viviendas.
La Articulación del Sur agrega que la comunidad ha denunciado amenazas de muerte para que sus integrantes abandonen las tierras, así como fumigaciones aéreas y terrestres sobre sus suelos, circunstancias que, según las organizaciones, estarían orientadas a obligar a las familias a abandonar el territorio. En el documento también se menciona que organizaciones defensoras de derechos humanos han registrado 76 requerimientos fiscales, 40 personas con medidas cautelares desde 2019 y tres mujeres que estuvieron en prisión, en el contexto de la conflictividad que enfrenta la comunidad.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) considera que estos antecedentes deben ser examinados de manera integral puesto que resulta necesario evitar que la muerte de Cristian Estrada Pastrana sea abordada como un hecho aislado, desconociendo las denuncias previas y el escenario de vulnerabilidad en el que desarrollaba su labor de defensa territorial.
Por otra parte, desde C-Libre piensa que la situación plantea tres dimensiones de especial preocupación. La primera corresponde al esclarecimiento del asesinato y la obligación estatal de investigar todas las posibles líneas, incluida la eventual relación del crimen con su labor de defensa de la tierra, las amenazas denunciadas y el conflicto agrario.
La segunda comprende los antecedentes de hostigamiento, criminalización y violencia documentados por las organizaciones acompañantes, que requieren una investigación contextual y no fragmentada.
La tercera se refiere al riesgo colectivo que enfrenta la comunidad, particularmente sus familiares y otras personas que continúan defendiendo el territorio.
Es de hace notar que la agresión contra quienes defienden derechos humanos y bienes comunes también tiene consecuencias sobre el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a denunciar abusos y la participación de las comunidades en asuntos que afectan sus condiciones de vida. Asi mismo, cuando las personas enfrentan amenazas, procesos de criminalización o violencia por expresar sus demandas y defender sus territorios, se genera un efecto inhibidor que puede desalentar la denuncia pública, la organización comunitaria y la exigencia de derechos.
Ante el asesinato, la Articulación del Sur demandó al Estado hondureño una investigación pronta, independiente y exhaustiva por parte del Ministerio Público; que se investigue la posible relación del crimen con las amenazas recibidas, la criminalización y el conflicto agrario; y que se adopten medidas de protección inmediatas y adecuadas para las familias de la comunidad, consultadas con ellas.
Asimismo, solicitó la atención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, además del cese del hostigamiento y la suspensión de nuevas acciones de desalojo contra la comunidad mientras se investiga el asesinato.
Ante estos hechos, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) insta al Estado de Honduras y, particularmente, al Ministerio Público, a:
Desarrollar una investigación pronta, independiente, exhaustiva y con enfoque de derechos humanos sobre el asesinato de Cristian Estrada Pastrana, que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, sin descartar ninguna línea de investigación y considerando expresamente el contexto de conflictividad agraria y su labor como defensor del territorio.
Investigar las amenazas de muerte, las denuncias de hostigamiento y los antecedentes de violencia y criminalización señalados por las organizaciones acompañantes, estableciendo si existe alguna relación con el asesinato y evitando que estas denuncias permanezcan en la impunidad.
Garantizar medidas de protección inmediatas, adecuadas y concertadas con las familias de El Tulito, así como con las personas defensoras que continúan expuestas a posibles represalias, mediante la intervención de las instituciones competentes y del Mecanismo Nacional de Protección.
Asegurar que las actuaciones policiales y judiciales relacionadas con el conflicto territorial respeten los derechos humanos, las garantías del debido proceso y la integridad de la población campesina, evitando nuevas acciones que incrementen los riesgos para las familias mientras se esclarecen los hechos.
Garantizar la participación y el acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos, así como la atención de los requerimientos formulados ante los organismos nacionales e internacionales de protección.
El asesinato de Cristian Estrada Pastrana representa una nueva pérdida para la comunidad de El Tulito y una señal de alarma sobre las condiciones en las que las personas defensoras de la tierra y el territorio realizan su labor en Honduras, por lo tanto, la protección de quienes defienden derechos no puede limitarse a pronunciamientos de condena después de una muerte violenta: exige prevención, investigación efectiva, garantías de seguridad y acciones institucionales capaces de impedir que las amenazas y la violencia se conviertan en mecanismos para silenciar las demandas de las comunidades.
Finalmente, C-Libre demanda justicia para Cristian Estrada Pastrana y garantías para que las familias campesinas de El Tulito puedan defender sus derechos, su territorio y su dignidad sin poner en riesgo sus vidas.
