ALERTA 99-2026
Santa Bárbara, Honduras (C-Libre).- El asesinato de José Manuel Rodríguez, identificado como líder indígena del pueblo lenca, ocurrido en la aldea El Salitre, sector de Macholoa, departamento de Santa Bárbara, constituye un nuevo hecho de violencia que genera preocupación por la seguridad de las personas que defienden sus territorios, bienes comunes y recursos naturales en Honduras. Su muerte, registrada el 10 de octubre de 2026, según información de la Policía Nacional, se produjo apenas dos días después del asesinato de otro dirigente comunitario lenca en el departamento de Intibucá, una coincidencia temporal que demanda especial atención de las autoridades y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con información difundida por la Policía Nacional, Rodríguez participaba en un convivio con otras personas cuando un joven de la misma comunidad lo llamó para conversar en privado. Momentos después, la víctima cayó sin vida, mientras el presunto agresor habría abandonado el lugar portando un machete. La información policial señala que el crimen se habría cometido con un arma blanca.
El 21 de octubre, agentes de la Unidad Departamental de Prevención número 16 (UDEP-16), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a un hombre de 21 años en la aldea Las Flores, municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. La detención se ejecutó mediante una orden judicial emitida el día anterior por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, señalado como supuesto responsable del asesinato de Rodríguez. Aunque la captura representa una actuación dentro del proceso investigativo, todavía corresponde a las instancias judiciales determinar la responsabilidad penal del señalado, respetando la presunción de inocencia. Asimismo, resulta indispensable que las diligencias no se limiten a establecer quién habría cometido materialmente el crimen, sino que permitan esclarecer sus circunstancias, posibles motivaciones y cualquier relación con los conflictos que afectan a las comunidades indígenas de la zona.
Un contexto de violencia contra dirigentes indígenas lencas
El asesinato de José Manuel Rodríguez adquiere una dimensión particular al examinarse junto con la muerte violenta de Audelio Lorenzo Manueles, dirigente comunitario lenca asesinado el 9 de octubre de 2026 en la comunidad de El Bijagual, municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá.
El medio especializado en derechos humanos Defensores en Línea documentó ambos crímenes en una publicación del 15 de octubre, bajo el título «Dos líderes lencas asesinados en menos de una semana en medio de la violencia contra comunidades indígenas». El artículo identifica a las víctimas como dirigentes reconocidos por su lucha en defensa de sus territorios, bienes comunes y recursos naturales.
En relación con el asesinato de Audelio Lorenzo Manueles, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) condenó públicamente el crimen y expresó su rechazo a la violencia que afecta a las comunidades indígenas, particularmente en el municipio de Opalaca.
Por su parte, organizaciones campesinas e indígenas manifestaron preocupación por los asesinatos y señalaron que no descartaban posibles conexiones con conflictos por la tierra. En consecuencia, demandaron investigaciones profundas, transparentes e imparciales que permitan esclarecer las circunstancias de los crímenes y establecer las responsabilidades correspondientes.
Para el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la proximidad temporal entre ambos asesinatos constituye un elemento que no debe pasar inadvertido. Aunque no existen elementos suficientes para afirmar que los dos crímenes responden a un mismo móvil o que fueron ejecutados por los mismos responsables, las autoridades deben investigar si existe alguna conexión entre los hechos y examinar el contexto de conflictividad territorial y violencia que enfrentan las comunidades indígenas lencas.
Defensa territorial, derechos colectivos y libertad de expresión
La violencia contra quienes defienden sus territorios y bienes comunes no representa únicamente una amenaza contra la vida e integridad de las personas directamente afectadas. También puede tener consecuencias sobre la organización comunitaria, la denuncia de vulneraciones de derechos y la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus territorios y formas de vida.
Cuando un dirigente comunitario es asesinado, las consecuencias pueden extenderse a quienes participan en procesos de defensa territorial, protección de los recursos naturales y exigencia de respeto a los derechos colectivos. El temor a sufrir represalias puede generar un efecto inhibidor sobre la expresión de las demandas comunitarias, la denuncia pública de los conflictos y la participación en los espacios de organización indígena.
En este sentido, C-Libre considera necesario abordar el asesinato de Rodríguez desde una perspectiva que contemple tanto la protección de la vida como las condiciones para el ejercicio de los derechos colectivos, la libertad de expresión y la defensa de los territorios indígenas. La investigación debe establecer si su liderazgo comunitario y su participación en procesos de defensa territorial pudieron constituir factores relacionados con el crimen.
Los antecedentes de violencia contra personas defensoras del pueblo lenca, entre ellos el asesinato de Berta Cáceres y las persistentes exigencias de justicia de las comunidades indígenas, evidencian la importancia de que el Estado investigue estos hechos sin reducirlos a episodios de violencia común cuando existen posibles contextos de conflictividad territorial que deben ser examinados.
C-Libre advierte que la captura de un presunto responsable no debe cerrar otras líneas de investigación. Es indispensable determinar si existieron amenazas previas, disputas territoriales, intereses particulares o cualquier otra circunstancia que permita esclarecer integralmente el asesinato y prevenir nuevas agresiones contra dirigentes y comunidades indígenas.
Por lo anterior, el Comité por la Libre Expresión recomienda:
- Al Ministerio Público y a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI): profundizar las investigaciones sobre el asesinato de José Manuel Rodríguez, garantizando que se esclarezcan las circunstancias y motivaciones del crimen, así como cualquier posible relación con su liderazgo comunitario y la defensa de los territorios, bienes comunes y recursos naturales. La investigación debe contemplar también la eventual existencia de otros responsables, sin limitarse a la persona detenida.
- A las autoridades judiciales: garantizar un proceso independiente, diligente y respetuoso de las garantías judiciales, que permita establecer las responsabilidades penales correspondientes y evitar que el asesinato quede en la impunidad.
- A la Secretaría de Derechos Humanos y al Mecanismo Nacional de Protección: valorar las condiciones de riesgo que enfrentan los dirigentes indígenas y personas defensoras de los territorios en Santa Bárbara e Intibucá, considerando medidas de protección pertinentes, con especial atención a las necesidades de seguridad colectiva de las comunidades.
- A las autoridades competentes en materia de pueblos indígenas: establecer canales de diálogo y coordinación con las organizaciones y comunidades lencas, a fin de conocer sus denuncias, identificar situaciones de conflictividad territorial y adoptar medidas que garanticen sus derechos colectivos y la participación comunitaria.
- A las instituciones del Estado: reconocer y garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y organizaciones indígenas, evitando cualquier forma de estigmatización o criminalización de quienes ejercen su derecho a defender sus territorios y expresar sus demandas.
C-Libre considera que el asesinato de José Manuel Rodríguez debe investigarse con la profundidad que exige la gravedad del hecho y el contexto en que ocurrió, por lo tanto, la defensa de los territorios, los bienes comunes y los recursos naturales constituye una actividad legítima que no puede convertirse en motivo de amenazas, persecución o violencia.
La muerte de dos dirigentes indígenas lencas en un intervalo de apenas dos días exige respuestas institucionales que vayan más allá de las capturas y permitan esclarecer las circunstancias de cada crimen, identificar posibles conexiones y garantizar que las comunidades puedan continuar expresando sus demandas y defendiendo sus derechos sin temor a nuevas agresiones.


