Atlántida, Honduras (C-Libre).- La detención del abogado y defensor de derechos humanos Edy Tábora, codirector del Bufete Justicia para los Pueblos, durante un operativo de la Policía Nacional en Satuyé, La Ceiba, Atlántida, constituye un hecho preocupante por las circunstancias en que ocurrió y por sus posibles implicaciones para el trabajo de acompañamiento jurídico a las comunidades garífunas que defienden sus derechos territoriales.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2026, cuando Tábora se desplazaba hacia la comunidad garífuna de Tornabé, acompañado de integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y de acuerdo con la denuncia pública de la Asamblea de Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras, una inspección vehicular que inicialmente se presentó como rutinaria terminó con la privación de libertad del abogado, quien fue obligado a descender de un vehículo blindado, esposado y trasladado a una dependencia policial.

Según el comunicado, los agentes solicitaron que bajara el vidrio del vehículo, pese a que sus características técnicas impedían hacerlo aspecto del que las organizaciones señalaron que esta condición era conocida por la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, no se habría explicado públicamente cuál fue la causa legal específica que justificó la detención, el uso de esposas y el traslado del defensor a una posta policial.

La Asamblea considera que estos hechos presentan indicios preocupantes de una posible detención arbitraria y demanda una investigación independiente que permita esclarecer la actuación policial, las razones del procedimiento y el respeto a las garantías fundamentales de la persona afectada.

Edy Tábora recuperó posteriormente su libertad. No obstante, la liberación no elimina la necesidad de esclarecer las circunstancias de la privación de libertad ni las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación de los agentes policiales.

La versión difundida por el propio Tábora después de recuperar su libertad aporta otros elementos para reconstruir el procedimiento. Según su testimonio, atendió el requerimiento policial y entregó la documentación solicitada; sin embargo, posteriormente los agentes pretendieron realizar un registro del vehículo y de sus ocupantes, situación que el defensor cuestionó la legalidad de esa actuación y pidió que le explicaran las razones que la justificaban.

En imágenes difundidas durante el incidente se observa al abogado esposado, mientras solicita a los agentes que le indiquen cuál era el delito que habría cometido y según las publicaciones periodísticas, los policías respondieron que se oponían a un registro corporal, sin ofrecer una explicación concreta sobre la causa de la detención.

Por su parte, el comisario jefe de operaciones policiales en La Ceiba, justificó el uso de esposas argumentando que los ánimos se habían caldeado y que la medida buscaba prevenir una posible agresión contra los uniformados.

La Secretaría de Derechos Humanos, mediante un pronunciamiento público, reprodujo información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, según la cual Tábora no habría prestado la colaboración requerida y habría mantenido una conducta confrontativa hacia los agentes policiales, posición que fue cuestionada por la Asamblea de Organizaciones de Derechos Humanos, que señaló la ausencia de una explicación sobre qué conducta concreta habría justificado la detención y el esposamiento del abogado.

Para C-Libre, resulta especialmente relevante que una institución estatal cuya responsabilidad es promover y proteger los derechos humanos reproduzca una caracterización de esa naturaleza sin que se conozca una verificación independiente de los hechos, incluyendo el testimonio del afectado y de las personas que lo acompañaban.

La Secretaría de Seguridad, por su parte, informó que instruyó a la Inspectoría General de la Policía Nacional para investigar las circunstancias del procedimiento y determinar si existieron faltas administrativas que deban remitirse a las instancias correspondientes.

Asimismo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) informó que realizó diligencias de investigación en el lugar de los hechos, se reunió con agentes policiales y registró una queja a favor del abogado, anunciando que continuaría recabando información sobre lo sucedido.

La detención de Edy Tábora no puede examinarse como un acontecimiento aislado de las condiciones que enfrentan las comunidades garífunas y sus representantes legales en Honduras, puesto que el abogado acompaña jurídicamente a integrantes de OFRANEH, organización que mantiene acciones de defensa de los territorios ancestrales y exige al Estado el cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el 10 de agosto de 2026, integrantes de OFRANEH y representantes de distintas comunidades garífunas mantienen el denominado Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, instalado frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa. La movilización exige el cese de la criminalización de sus liderazgos, el cierre del proceso penal contra cinco personas defensoras de la comunidad de San Juan, Tela, y el cumplimiento de las resoluciones internacionales relacionadas con sus derechos territoriales.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 6 de julio de 2026, cuando un operativo policial en la comunidad garífuna de San Juan, Tela, culminó con la detención de cinco integrantes de OFRANEH: Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin René López Cortés, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.

Las personas defensoras fueron sometidas a procesos penales por presunta usurpación agravada, pese a que las organizaciones denunciaron que las actuaciones policiales se desarrollaron en territorio ancestral de la comunidad, luego organismos nacionales e internacionales documentaron denuncias sobre el uso de gases lacrimógenos, amenazas, disparos y otras agresiones durante el desalojo.

En este contexto, la detención de un abogado que acompaña jurídicamente a las comunidades garífunas plantea interrogantes sobre las condiciones en que se desarrolla la defensa legal de sus derechos colectivos y obliga a examinar si las actuaciones policiales pueden generar intimidación o interferencias indebidas en el trabajo de quienes representan y acompañan a las comunidades que reclaman la protección de sus territorios.

La defensa de los territorios ancestrales y la exigencia de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana no pueden ser tratadas como conductas delictivas por el solo hecho de generar cuestionamientos a las actuaciones estatales o a determinados intereses económicos.

El artículo 69 de la Constitución de la República reconoce la inviolabilidad de la libertad personal, mientras que el artículo 84 establece garantías frente a las detenciones, incluyendo la exigencia de una causa legalmente establecida y el derecho de toda persona detenida a conocer sus derechos y los hechos que se le imputan.
Asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe las detenciones ilegales y arbitrarias y reconoce el derecho de toda persona privada de libertad a recurrir ante una autoridad judicial para que esta decida sobre la legalidad de su detención.

En el caso de Edy Tábora también son pertinentes los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, particularmente los principios 16 y 18, que establecen garantías para que los profesionales del derecho ejerzan sus funciones sin intimidaciones, obstáculos, acosos ni interferencias indebidas, y sin ser identificados con las causas que defienden.

De igual manera, el artículo 12.2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de brindar protección frente a amenazas, represalias y acciones arbitrarias relacionadas con el ejercicio legítimo de la defensa de derechos humanos.

C-Libre considera que las autoridades hondureñas tienen la obligación de esclarecer si la actuación policial respondió a un procedimiento legítimo o si existieron actuaciones arbitrarias que pudieron afectar la libertad personal y el ejercicio de la defensa jurídica y sostiene que la condición de abogado defensor no coloca a ninguna persona al margen de los controles legalmente establecidos, pero tampoco puede convertirse en motivo de intimidación o represalia por el trabajo que realiza.

Ante estos hechos, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) formula las siguientes recomendaciones:

  • A la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional: esclarecer públicamente el fundamento legal específico de la detención de Edy Tábora, las circunstancias que motivaron su esposamiento y traslado a una dependencia policía y asimismo, garantizar una investigación objetiva sobre la actuación de los agentes involucrados.
  • A la Inspectoría General de la Policía Nacional y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL): desarrollar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, preservar las grabaciones del procedimiento y demás evidencias disponibles, y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan.
  • A la Secretaría de Derechos Humanos: revisar su pronunciamiento sobre el caso, contrastar la versión policial con el testimonio del abogado y las personas que lo acompañaban, y garantizar que su actuación institucional responda a su mandato de protección de las personas defensoras de derechos humanos.
  • Al Ministerio Público: examinar las circunstancias de la privación de libertad y determinar si existen elementos que ameriten una investigación penal por posibles abusos de autoridad u otras vulneraciones de derechos fundamentales.
  • Al CONADEH: dar seguimiento a la queja registrada a favor de Edy Tábora, documentar los resultados de sus diligencias y vigilar que las investigaciones institucionales se desarrollen con independencia, transparencia y respeto a las garantías fundamentales.
  • Al Estado de Honduras: garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la defensa jurídica y territorial de las comunidades garífunas, prevenir actos de estigmatización y criminalización, y avanzar en el cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con los derechos colectivos y territoriales de este pueblo.

Finalmente, el Comité por la Libre Expresión advierte que la utilización de procedimientos policiales sin una justificación legal suficientemente explicada puede generar un efecto inhibidor sobre quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos, particularmente cuando acompañan a comunidades indígenas y afrodescendientes que denuncian vulneraciones de sus derechos territoriales.

La libertad personal, el ejercicio profesional de la abogacía y la defensa de los derechos humanos constituyen garantías fundamentales que el Estado hondureño está obligado a respetar y proteger.