Alerta No. 101-2019
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Luego de una amenaza pública de la minera “Inversiones Los Pinares” y otras acciones intimidatorias por desconocidos, el periodista César Obando Flores, denunció ante el Ministerio público (MP) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), estos hechos que ponen en riesgo su ejercicio profesional en el departamento de Colón.
Obando, miembro del equipo de prensa de Diario Colón, editado en el municipio de Tocoa, detalló a C-Libre que estos sucesos ocurren luego que diera cobertura al proceso de criminalización contra ocho defensores de los bienes comunes (actualmente privados de libertad en La Tolva) y recientemente, testimonios de personas que han sido víctimas de amenazas y torturas por militares, que cuidan los intereses de la minera.
Entre los días 20, 23 y 24 de septiembre, Diario Colón, develó testimonios de dos personas que fueron víctimas de agresiones por parte de militares que resguardan el plantel de “Inversiones Los Pinares”.
Asimismo, este medio informativo dio cobertura a la visita de familiares y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes del municipio de Tocoa, que se movilizaron hasta la cárcel de máxima seguridad del municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.
Dicha cobertura, originó la reacción de la minera, en donde acusan al medio de comunicación de “desinformar a la sociedad”; específicamente en las agresiones militares, dicha empresa aseguró que la finalidad es “incitar al odio”.
“Esta campaña la están llevando demasiado lejos, por lo que responsabilizamos a Diario Colón HN, a sus reporteros por cualquier atentado en contra del gerente, ejecutivos y empleados de nuestra empresa”, suscribió la empresa Inversiones Los Pinares, donde amenazaron con ejercer acciones legales.
“Me preocupa mucho esto, prácticamente maquillan una denuncia y pretenden querellarnos; uno está expuesto a cualquier cosa”, manifestó Obando a C-Libre.
Por ello, Obando presentó denuncia ante el Ministerio Público en la ciudad de Tocoa, este lunes 30 de septiembre, por amenazas a muerte y persecución militar. Luego que vehículos doble cabina –uno de ellos color blanco- se estacionaron frente a su domicilio por más de seis minutos.
“En este lugar no existe un negocio o lugar que dé lugar a que un auto e detenga, además de ser un sendero muy oscuro”.
Obando es beneficiario de Medidas Cautelar 241-16, de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), tras recibir amenazas por su cobertura en temas como la militarización del Bajo Aguán, defensores y defensoras víctimas de asesinato y la defensa de las comunidades del territorio y bienes comunes ante la instalación de empresas extractivas, como el caso de Inversiones Los Pinares.
Sobre lo anterior, C-Libre le consultó a César Obando si existía un cumplimiento a dichas medidas por parte del estatal Mecanismo Nacional de Protección. A lo que respondió que no han hecho nada “ni el enlace policial se ha presentado a ver mi situación”.
C-Libre tiene registrado en su Sistema de Alertas, desde mayo pasado, acciones de la empresa minera, desprestigiando la defensa de los derechos humanos, así como campañas de odio hacia la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), la Iglesia Católica y el Comité Municipal.
En noviembre de 2018, La Coalición contra la Impunidad, espacio donde convergen más de 50 organizaciones a nivel nacional, en una visita a la zona, denunció la obstrucción hacia la prensa que hace eco de las demandas de la ciudadanía en defensa del río Guapinol.
La zona donde opera la mina, corresponde al Parque Nacional “Montaña de Botadores”, renombrado como “Carlos Escaleras Mejía”, en honor al líder ambientalista asesinado en 1997, es parte de la ampliación de en la zona de amortiguamiento, según el acuerdo 252-2012 del Congreso Nacional (CN), mismo que se aprobó con dispensa de dos debates, en donde se incluyó la reducción de 217 hectáreas de la Zona Núcleo, para beneficiar a Inversiones Los Pinares.
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”, establece el inciso cinco del artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
