En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Día Internacional de la Mujer, desde el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), nos pronunciamos en contra de la violencia de género, que por años enfrentan las periodistas y comunicadoras sociales dentro y fuera de los medios de comunicación.
Este lunes, 9 de marzo, nos sumamos al paro mundial de las mujeres y denunciamos el acoso laboral, acoso sexual, la brecha salarial, las agresiones físicas, la obstrucción informativa, la difusión de información íntima, la difamación, intimidación, censura, autocensura y amenazas, provenientes de compañeros de trabajo, fuentes informativas, manifestantes, desconocidos, funcionarios públicos, fuerzas de seguridad del Estado y las violencias provenientes de las audiencias.
La desigualdad entre hombres y mujeres también es endémica en el ejercicio periodístico, por eso exigimos romper con la visión masculina misógina de las informaciones, que cosifica el cuerpo de las mujeres, sexualizándolas.
Además, condenamos el sesgo informativo que criminaliza las luchas de las mujeres que reivindican sus derechos fundamentales de acceder a una educación, salud y trabajo digno e incluyente. Así mismo, reprobamos las divulgaciones comunicativas que revictimizan a las féminas que son víctimas de una sociedad patriarcal que las oprime y excluye a gozar de una vida digna.
Llamamos a romper las barreras invisibles que impiden a las obreras de la comunicación acceder a puestos de toma de decisiones para lograr ser referentes importantes de periodismo y generadoras de opinión pública con una perspectiva inclusiva de género.
Demandamos al Estado de Honduras cumplir con el respeto y protección de la labor informativa de las mujeres que ejercen cada día la libertad de expresión.
Exigimos al Ministerio Publico, a la Fiscalía Especial Para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), que investigue las denuncias y enjuicie a los responsables de las violencias directas y graves, reflejadas en los asesinatos cometidos contra cuatro periodistas, para que sus voces apagadas no queden en la impunidad:
- Fany Jackeline Benítez, locutora de Radio Satelite de San Pedro Sula, conocida como “La Princesita de la Radio” fue asesinada en el 2005, con un golpe en el cráneo, aún se desconoce con que se le golpeó y al responsable del crimen.
- Luz Marina Paz, periodista de Cadena Hondureña de Noticias (CHN), fue asesinada en el año 2011 en Francisco Morazán con arma de Fuego.
- Un año después en el 2012, Saira Fabiola Almendares Borjas, estudiante de Periodismo en el departamento de Cortés.
- Johana Alvarado, asesinada un jueves 21 de noviembre de 2019 en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
Estas mujeres que informaban sobre problemas sociales, pero las autoridades intentaron desacreditar los asesinatos desvinculándolos de la profesión informativa, por eso exigimos una pronta respuesta de justicia para las víctimas del gremio periodístico.
C-Libre advierte además sobre la tendencia violenta que busca seguir coartando el ejercicio de la profesión periodística, forzando al silencio de manera sistemática con asesinatos, las agresiones ligadas a la vida y dignidad de las mujeres además de amenazas sutiles.
Entre 2018 y 2019 el número de agresiones cometidas contra mujeres periodistas representa el 30 por ciento de las amenazas reportadas a C-Libre, es de notar el aumento de los casos de agresiones físicas cometidas especialmente en el marco de la cobertura a protestas sociales, la violencia es una forma extrema de agresión contra la libertad de expresión que tiene diferentes connotaciones; desde la realización de acciones amenazantes o intimidatorias hasta actos extremos como atentados, agresiones físicas y asesinatos a los que se suman los casos de estigmatización a través de campañas de desprestigio.
Además, registramos que los departamentos con más casos de agresiones son: Francisco Morazán, Choluteca, Colón, Atlántida, Cortés, Yoro, Copan y Olancho, agresiones provenientes en su mayoría por la Policía Nacional que continua siendo uno de los principales agresores contra la libertad de expresión de las mujeres, a través de medios digitales, específicamente a través de páginas falsas en redes sociales con amenazas, obstrucción informativas y el atentado contra la vida de la periodista Sandra Maribel Sánchez.
Exigimos que dentro de los medios de comunicación existan normativas incluyentes y mecanismos de acompañamiento de denuncias de las violencias expresadas contra las mujeres para contribuir a la equidad de todos los espacios.
Tegucigalpa, 08 de marzo de 2020
