Alerta No. 053-2021
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Autoridades migratorias hondureñas impidieron la entrada al país, a la defensora de derechos humanos Marine Pezet, quien fue representante del Programa de Acompañamiento Honduras (PROAH), una de las primeras organizaciones internacionales que llegó a dar acompañamiento y observación de derechos humanos tras el golpe de Estado en junio de 2009.
Según su esposo, el cantante hondureño Pavel Núñez, denunció en sus redes sociales que cuando bajaron de la aeronave fue retenida un par de horas para confirmar que no podía permanecer en la nación.
El arribo de ambos después de cinco años de no visitar a la nación centroamericana era para tramitar la nacionalidad hondureña del hijo de ambos.
De acuerdo con la denuncia, durante el proceso, no se le permitió hablar con su esposo ni con activistas de los derechos humanos; enviándola a Panamá donde permanece a espera de resolver su situación migratoria.
“Prácticamente fue expulsada del país bajo la forma verbal legal que utilizaron de retenida y retornada, la realidad es que no la dejaron entrar al país y la regresaron, sin el derecho de haber hablado con su embajador ni con organizaciones de derechos humanos”, dijo Pavel en una transmisión.
El cantante hondureño aseguró que Pezet sería obligada a solicitar un perdón por su trabajo en el 2009, cuando representaba al PROAH, una acción solicitada por el gobierno hondureño a su país.
“Mi hijo quedó sin su madre, ella no ha hecho nada. Su único error fue trabajar cuatro años en DDHH en el país, en especial haber trabajado con Berta Cáceres y sus organizaciones”, acotó el artista hondureño.
Defensores de derechos humanos han denunciado este atropello a la integridad y a la labor de Pezet, reconocida a nivel nacional e internacional por su labor en defensa de los derechos humanos.
La acción coincide con las cercanías de las elecciones hondureñas en noviembre próximo, por lo que C-Libre recuerda al Estado hondureño que las prácticas de expulsar a periodistas, defensores de derechos humanos y observadores deben tomarse siguiendo un proceso justo y transparente, basado en criterios claros y nos discriminatorios, publicados con anterioridad y que la acreditación nunca debe ser objeto de suspensión solamente con base en el contenido de las informaciones de un periodista.
El Estado hondureño ha expulsado del país al menos en tres ocasiones a periodistas y defensores de derechos humanos en las pasadas elecciones generales.
