Alerta No. 008-2022
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Dos periodistas hondureños considerados fuertes críticos de la Presidencia denunciaron recientemente que existe un aumento de las amenazas digitales y bloqueos informativos en Casa Presidencial.
“Estoy saliendo de mi programa el noticiero Así se Informa y mientras estaba en la edición de mi programa recibí una alerta de mi teléfono diciendo que había una amenaza de hackers para sustraer toda la información de mi teléfono, ahora he abierto el mensaje y me está diciendo que intentaron o entraron al teléfono para sacar fotografías y mensajes de mi teléfono, yo le pregunto públicamente a doña Xiomara Castro Sarmiento, sabe usted Xiomara qué es esto y quién lo está haciendo. En otro post les pondré el mensaje que dejaron en mi teléfono”, indicó el Director de Canal 36, Edras Amado López.
López Rodríguez es un periodista, Empresario, Político hondureño quien fue diputado por Libre en el Congreso Nacional de Honduras durante el período 2014-2018. También fue militante del Partido Frente Amplio y fundador del Partido Nueva Ruta de Honduras en el 2019.
En el último mes López Rodríguez también ha denunciado a través de sus redes sociales el bloqueo informativo en Casa Presidencial. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.
AQUÍ El REGÍMENES “gira instrucciones “ para :
No dejar entrar a la casa presidencial.
Que las cableras saquen del aire a la tv que les incomoda.
Chantajean a la empresa privada para que no pauten.
atacan periodistas que denuncian.
Matan . pic.twitter.com/G7eTPUck6f
— Esdras Amado Lopez (@EsdrasALopez) March 2, 2022
Por su parte, el periodista Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), publicó un tweet en donde aseguró que “se reactivan las escuchas a líderes políticos, empresarios, periodistas y medios, confirman fuentes de Inteligencia de Estados Unidos”. Rodríguez no profundizó sobre la publicación.
Unos días después en su cuenta personal @darocohn, calificó de “insólito” que Casa Presidencial está obligando a los periodistas a llenar un extenso formulario con datos muy privados de los periodistas acreditados de los medios a esa fuente y, además, están exigiendo hoja de antecedentes penales y judiciales.
“Esto nunca se ha exigido a la prensa acreditada a la Presidencia. Además, cada medio responde por su personal, y es un claro exceso que coarta el derecho Constitucional de buscar, recibir y transmitir información sin limitaciones de ninguna naturaleza”, añadió.
En 2019, la empresa SmartCom, denunció que seis de cada diez periodistas hondureños ha sido víctima de amenaza digital.
La CIDH y la Relatoría Especial recuerdan que el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que «[l]a utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública […], con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión».
En este sentido, los Relatores de la ONU, OSCE, CIDH y CADHP en su la Declaración Conjunta sobre la independencia y la diversidad de los medios de comunicación de 2018 manifestaron su preocupación por las acciones de funcionarios para coartar la independencia de los medios, limitando de esta forma las oportunidades para que la gente tenga acceso a fuentes de noticias creíbles y confiables que ofrezcan una variedad de puntos de vista.
La CIDH y su Relatoría Especial destacan que bajo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los discursos sobre asuntos de interés público tienen una protección reforzada, e insiste en la necesidad de no utilizar figuras penales en blanco, vagas o ambiguas para criminalizar expresiones que, si bien pueden ser ofensivas, chocantes o irritan a funcionarios o a parte de la población, configuran expresiones de interés público que no deberían ser criminalizadas en una sociedad democrática. El uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión.
Por último, la Relatoría Especial señala que la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de 2011 de los Relatores Especiales CIDH y ONU prevé como principio general que «la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba «tripartita»)».
