Alerta No. 009-2022

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La Central Nacional de Trabajadores del Campo denunció este 31 de enero, el asesinato del dirigente campesino, José Santos Godínez Ruíz.

“Repudiamos el vil asesinato del compa el cual nos arrebataron de nuestros espacios organizativos de la CNTC PREGIONAL PROGRESO. Abrazamos con un profundo dolor a sus hij@s herman@s esposa amig@s compañer@s nos hunimos al dolor y al desprendimiento del cuerpo sin vida del compa que en paz descanse nuestro líder de la lucha campesina”, indicaron en un comunicado público.

Del mismo modo, la CNTC denunció “el mal manejo del Ministerio Público” al comentar que “él murió a las 5:00 de la mañana y son las 9:00 p.m. y aun no tenemos respuestas del cuerpo del compa”.

La CNTC regional de El Progreso tiene presencia en los departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida, sostiene una fuerte lucha por el derecho de acceso a la tierra enfrentándose a terratenientes, empresas transnacionales y autoridades civiles y militares.

La criminalización campesina afecta directamente a unas cinco mil 200 personas a nivel nacional que han sido procesadas por el sistema de justicia, de ellas al menos una docena están en cárceles a nivel nacional.

Un estudio sobre la criminalización y judicialización, realizado por la Vía Campesina y la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, revela que en Honduras 165 personas defensoras de la tierra y el territorio han sido asesinadas en los últimos 10 años.

La protesta social es un derecho fundamental para la defensa de otros derechos. Muchos de los derechos y libertades del presente son consecuencia de luchas y conquistas que sucedieron en las calles en el pasado. Sin embargo, el Estado hondureño ha reproducido prácticas para restringirla, impedirla o criminalizarla.

Recordamos que la República de Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que está obligada ante la comunidad internacional a respetar, proteger y garantizar estos derechos cuyos titulares también son las y los campesinos hondureños, compromiso garantizado en el Capítulo III del Título I de la Constitución de la República.