Alerta No. 010-2022
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Con un poco más de 72 horas en el poder varios funcionarios han salido a atacar la prensa desde diferentes espacios y el equipo de Reporteros de Investigación suma cuatro agresiones, así lo denunció este primero de febrero la Directora de este medio de comunicación, Wendy Funez.
“Tenemos evidencia que uno de los titulares del nuevo gobierno nos bloqueó fugazmente en Twitter porque sacamos archivos sobre su accionar político en 2014. El funcionario dice que está recibiendo ataques en su red social y que no nos ha bloqueado, de ser cierta su versión esto es un tema de libertad de expresión en su contra que también necesitaría investigación estatal objetiva”, indicó Funez, en relación con .
Por otra parte, este lunes 27 de enero su relacionadora pública “nos dio instrucciones de cómo debemos producir las noticias desde Reporteros de Investigación”.
El caso más reciente que nos ha generado amenazas directas viene de parte del supuesto agresor de una Oficial de Transparencia que denunció violencia de género.
A su criterio “Ojalá la presidenta Xiomara Castro, en quien el pueblo hondureño deposita su confianza, tenga la sabiduría para encaminar a tiempo a sus funcionarios/as desenfrenados de poder e instalar en el país una estructura que investigue y castigue las agresiones contra la libertad de expresión”.
La mañana del lunes, recordó la comunicadora, sufrí “una de las más humillantes agresiones de mi carrera” la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, “me expulsó del espacio donde se llevaría a cabo una reunión con defensores de derechos humanos en relación con el Mecanismo de Protección de Comunicadores Sociales, Periodistas, Defensoras/es”
“Quizás mi violación a la naturaleza del poder fue cuestionarla el viernes de la semana anterior para que realizará un debido proceso, basado en evidencias, con el personal de la institución mientras una de las empleadas lloraba pidiéndole disculpas por haberla recibido con una protesta para llamar la atención por violaciones laborales cometidas por el gobierno anterior”, comentó.
En su relato, la también jurado del Premio Mundial a la Libertad de Prensa, Guillermo Cano, explica que en ese momento se preparaba una reunión en la que participaría una defensora de territorio y el Concejal del Mecanismo Nacional de Protección, Donny Reyes, por lo que se aprestaba a ayudar a redactar información de manera voluntaria, pero se le ordenó salir.
“Resistí, le dije que yo era periodista que había trabajado diagnósticos del Mecanismo que tenía derecho por mi activismo como defensora de la libertad de prensa y que necesitamos trabajar por un Mecanismo que nos proteja de las agresiones. Me mandó nuevamente a dejar la sala y me dijo que solo era para organizaciones específicas y que pidiera cita con su asistente. Aplastó mi resistencia y me sentí humillada. Jamás ningún funcionario de los que he cuestionado duramente me ha hecho sentir tan en suelo en 20 años de cubrir, cuestionar y husmear en la administración pública porque de aquellos nunca espere un cambio en las jerarquías sociales invisibles”, lamentó.
Hasta el momento ninguna de las autoridades del gobierno entrante quiso referirse a lo ocurrido en contra de la periodista.
La Corte Interamericana ha destacado que la obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia. La Relatoría Especial ha señalado en el mismo sentido la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los y las periodistas a un mayor riesgo de violencia.
El Comité por la Libre Expresión expresa su preocupación por la obstrucción e intimidación de la que fueron víctimas los periodistas de Reporteros de Investigación y a este respecto, le recuerda al Estado hondureña que la Relatoría ha instado como una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. De igual forma, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables.
