ALERTA 70-2025
Choluteca, Choluteca (C-Libre).- En pleno ejercicio de su labor informativa se reporta una agresión contra el profesional del periodismo Cristian Escaño, en la zona sur del país. Escaño, reportero de Metro TV, Radio Ilusión y corresponsal del noticiero Hoy Mismo, relató que mientras grababa imágenes del recorrido de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue golpeado por una mujer —identificada como trabajadora vinculada al Poder Judicial— que intentó impedir que registrara la escena.
Este episodio sucede en el marco de la visita de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, al Centro Interinstitucional de Operadores de Justicia en Choluteca. El periodista narra que, tras dirigir la cámara hacia la mujer que increpaba a los comunicadores con frases como “nadie los ha invitado aquí”, recibió dos manotazos dirigidos a su teléfono, herramienta principal de trabajo. Aunque compañeros periodistas lo respaldaron de inmediato y grabaron la escena, la agresora desapareció poco después sin que se aclarara oficialmente su identidad o su vínculo laboral. Testigos aseguran que portaba un uniforme con el logo del Poder Judicial y que incluso recibió facilidades de ingreso y salida por parte del personal de seguridad.
Una conferencia limitada y excluyente
Más allá del episodio violento, lamentó Escaño que la posterior conferencia de prensa se desarrolló en un ambiente restrictivo. Según el testimonio de Escaño, los organizadores limitaron el acceso a preguntas y acotaron los temas a abordar, reduciendo el ejercicio a un acto protocolario sin espacio para la rendición de cuentas.
La presidenta de la Corte Suprema respondió apenas cinco minutos de consultas, priorizando comentarios sobre un proyecto de construcción y evitando dar detalles sobre asuntos judiciales de interés nacional. Varios corresponsales y periodistas locales, entre ellos representantes de medios nacionales no tuvieron oportunidad de plantear sus preguntas debido al desorden y a la intervención de relacionadores públicos que pudieron haber filtrado las consultas.
El resultado fue, en palabras de los comunicadores presentes, una conferencia “vacía” que no atendió las expectativas ciudadanas de transparencia en temas judiciales en la ciudad de Choluteca.
Lo ocurrido en Choluteca trasciende lo anecdótico e indica que la libertad de prensa, en este momento en el país, es un derecho democratico en riesgo; dice el profesional del derecho Saúl Bueso. “La agresión a un periodista en un espacio público y la restricción al derecho de preguntar constituyen un doble atropello a la libertad de prensa, derecho fundamental en toda sociedad democrática”, comenta Bueso.
En Honduras, este derecho está respaldado por la Constitución y convenios internacionales que garantizan a los ciudadanos la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Sin embargo, en la práctica, “los periodistas continúan enfrentando obstáculos que van desde la violencia física y verbal hasta la censura y la exclusión en actividades oficiales”, acotó.
“Que un comunicador sea agredido en presencia de altas autoridades del Estado, sin que se produzca una reacción inmediata de las autoridades de gobierno, presentes en el lugar, refleja una preocupante tolerancia hacia los abusos contra la prensa. Este tipo de episodios debilita la confianza ciudadana en las instituciones y envía un mensaje de impunidad que normaliza la violencia contra quienes cumplen con la tarea de informar”, puntualizó el abogado Saúl.
Desde la oficina central en Tegucigalpa, el Comité por la Libre Expresión expresa su condena a lo sucedido con el periodista Escaño y demás profesionales del periodismo que vieron limitada su labor en informativa, y como organización que defiende y promociona el respeto de los derechos humanos; consideramos que en una democracia, la prensa no es un invitado incómodo sino un actor esencial en la construcción de ciudadanía, fiscalización del poder y defensa de la verdad.
Expresiones como “nadie los ha invitado” revelan una visión autoritaria que pretende reducir la cobertura mediática a un privilegio, cuando en realidad se trata de un derecho que ampara no solo a los periodistas, sino a la sociedad entera. En este sentido, sin duda alguna la población tiene derecho a conocer de primera mano las acciones de las autoridades, especialmente de figuras clave como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Negar ese acceso, limitar preguntas o permitir agresiones contra reporteros, es en los hechos negar información al pueblo hondureño. Finalmente es necesario señalar que el caso de Cristian Escaño es un recordatorio de la fragilidad de la libertad de prensa en el país y de la urgencia de que las instituciones estatales garanticen condiciones seguras y transparentes para el ejercicio periodístico.
La democracia hondureña solo se fortalece si el derecho a informar y a ser informado se respete plenamente, por eso la agresión sufrida por un periodista en Choluteca no debe verse como un hecho aislado, sino como un llamado de atención sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores y sobre la necesidad de que la sociedad, los medios y las autoridades asuman con seriedad la defensa de la libertad de prensa como pilar indispensable de toda democracia.
